Otro choque entre oficialismo y oposición en Argentina

¿Hay un propósito oficial de digitar al Poder Judicial, esa tentación a la que incurrieron casi todos los gobiernos y en la era contemporánea particularmente Carlos Menem?

Es lo que se teme en partidos opositores y espacios del movimiento social, a raíz del proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner proponiendo, casi de urgencia, una sustancial modificación del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa jueces o los sanciona o destituye, amén de otras funciones que no rozan a la Suprema Corte de Justicia en ningún caso.

La senadora oyó críticas de Organizaciones No Gubernamentales entre las que se destacan por su militancia democrática el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Poder Ciudadano, pero también de voceros de corporaciones de abogados e incluso de voces afines a la derecha más extrema.

En cualquier momento en la cámara alta se trata la reforma Cristina, como se la bautiza en el lenguaje coloquial ya que el dictamen del oficialismo es desde hace varios días un tema cerrado que esperaba ayer turno para ser aprobado en el recinto de la Cámara alta que comenzó maratónicas sesiones sobre asuntos económicos, el presupuesto 2006 pero sobre todo la iniciativa de Néstor Kirchner de saldar su deuda con el FMI utilizando las reservas disponibles del Banco Central y otros recursos.

Volvamos al Consejo. La reforma se basa en críticas generalizadas sobre su funcionamiento moroso y oneroso, y se propone bajar su número de 20 en la actualidad a 13, pero y aquí viene la cosa, según los críticos se rebana la participación de las minorías parlamentarias y se hace prevalecer a los delegados del oficialismo de turno, que tendrán la capacidad de bloquear las opiniones de la oposición o de entidades que eventualmente puedan disentir con el Gobierno sobre el comportamiento de los jueces.

Cuando el miércoles la senadora habló con las ONG, dedicó un buen espacio para responder a las críticas a su proyecto. «Algunas imprecisiones rozan la desinformación o la mala fe», atacó refiriéndose a una serie de artículos periodísticos en los que se critica el funcionamiento del Consejo de la Magistratura según su composición actual.

Destacó «la incoherencia» de algunos medios y calificó al diario La Nación de «opositor al Gobierno». «Cada consejero tiene 8 o 9 asesores con cargos de camaristas. De los futuros 13 miembros el oficialismo tiene sólo cinco. Se dice que estamos manipulando las mayorías cuando se necesitan dos tercios para destituir o designar jueces. Actualmente mi partido, el PJ, el partido del Gobierno, tiene mayoría en la Comisión de Acusación. La minoría política tiene la misma cantidad de representantes que la mayoría; los que escriben deben saber o deberían saber lo que escriben», comenzó Fernández de Kirchner antes de escuchar las opiniones críticas.

Demasiado poder para el oficialismo: En verdad, el peronismo no tiene mayoría en la Comisión de Acusación. De los siete integrantes, dos son abogados y cinco son políticos. De los cinco políticos el peronismo tiene tres y no cuatro, cifra necesaria para la mayoría. Antes de la renovación de los integrantes legislativos, la mayoría la lograban la suma de diputados de la primera y segunda minoría con dos representantes de los abogados.

La abogada del Cels, Andrea Pochak, afirmó que la iniciativa no mejoraba la administración de justicia, que no agilizaba su funcionamiento. Luego de preguntarse cuáles habían sido los indicadores tomados en cuenta para el dictamen, señaló que todo seguirá funcionando por el sistema de plenario, lo que no modifica los tiempos del cuerpo.

Pochak destacó que a diferencia de la propuesta de reducción de la Corte Suprema de Justicia para que de nueve miembros bajen a siete, que en ese caso agilizaría su funcionamiento ya que las sentencias son giradas a cada integrante, en el Consejo su reducción no cambiaba las cosas ya todo seguiría al ritmo del plenario.

También refutó uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo: «Este proyecto no ataca el corporativismo. Este proyecto no avanza en romper las lógicas del Poder Judicial». Subrayó que, al darle al Poder Judicial las atribuciones de las cuestiones administrativas, lejos estaba de romper el corporativismo que denuncia.

«No nos van a escuchar a nosotros tener un discurso anti político», dijo Pochak luego de que la primera dama reivindicara el rol de la política.

La representante del CELS sostuvo que «se entiende que si lo que importa es modificar la composición numérica entonces se explica el apuro» del oficialismo. La senadora tomó el guante y contestó que, dado que las elecciones de los estamentos de los abogados y de los jueces se realizan en noviembre del año que viene y como el proceso lleva sus meses, el proyecto tenía que ser ley, a más tardar en mayo de 2006.

Según la diputada del ARI, Marcela Rodríguez «la senadora Fernández nunca contestó que el oficialismo puede bloquear cualquier acusación o nombramiento, ya que al pasar del 25 al 40 por ciento su representación, no hay manera de que los demás integrantes alcancen los dos tercios necesarios».

Se supone que el Senado aprobará el proyecto pero no será sencillo al oficialismo, que los diputados nacionales hagan lo mismo. En el kirchnerismo creen que sí. *