Juicio político contra Aníbal Ibarra

Ibarra comparece ante la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña, de 15 miembros que con 10 votos, si encuentran culpable al jefe comunal, lo destituyen y le retiran sus derechos políticos al menos en la Capital Federal por diez años.

Esta Sala no es la que estaba instalada cuando Ibarra fue suspendido el 14 de noviembre pasado, porque el recambio bianual de la mitad de los diputados, determinó que la Legislatura sorteara los sitios dejados vacantes por quienes finalizaron su mandato. Los amigos de Ibarra abogaron por la prorroga de mandatos de los legisladores de la Sala Juzgadora, por entender que ese es el tribunal natural, pero no encontraron eco. Quedó abierta la posibilidad de que el acusado pueda recurrir al Poder Judicial por entender que se violaron sus derechos de debido proceso.

Por lo pronto Ibarra recuso «por prejuzgamiento» al legislador Gerardo Romagnoli, integrante de la Sala Juzgadora, quien el sábado comparó al jefe comunal con el ex comisario Alfredo Fachiotti, uno de los acusados por los crímenes de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio del 2002, hecho gravísimo que obligó al entonces presidente Eduardo Duhalde a anticipar la convocatoria a elecciones presidenciales.

«Presentaré la recusación porque hacer una comparación pública entre un comisario procesado y que tiene pedido de prisión perpetua por doble homicidio con alguien a quien él tiene que juzgar en los próximos días es un prejuzgamiento de aquí a la China», aseveró Ibarra en declaraciones formuladas en la mañana de ayer.

Romagnoli es diputado por el partido que orienta el ex trosquista Luiz Zamora, Autodeterminación y Libertad, hoy embebido por las corrientes de construcción de poder autónomo. Ganó su lugar en la Sala Juzgadora por sorteo donde cometía con una legisladora socialista.

 

El poder de un bolillero

No es un detalle menor, porque el tribunal que escuchara a centenares de testigos y alegatos de la defensa del funcionario suspendido, quedó integrado de manera tal que todo esto podría ser inútil porque cada legislador, y sobre todos sus partidos, tienen en principio una postura tomada, más favorable a expulsar a Ibarra que a no hacerlo.

La Sala Juzgadora está conformada por legisladores del sector del empresario Mauricio Macri, del ARI, de Elisa Carrió, varios kirchneristas que están casi enfrentados entre ellos, y varios de izquierda, que han bregado desde siempre por culpar a Ibarra por la tragedia de la disco. Ibarra dijo por eso que es «grave es que un jefe de Gobierno dependa de un sorteo» como si fuera «un Mundial de fútbol, donde hay un grupo donde están los mas difíciles».

Con todo aguarda que, con la presentación de testigos y pruebas en su defensa, «se abra un proceso regular, porque hasta aquí hemos venido con muchas irregularidades». Según lo pautado en el marco del juicio político, Ibarra presentó descargos en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, dado que su titular, Julio Maier, es a la vez presidente de la Sala Juzgadora de la Legislatura debido a que se trata de un proceso contra el jefe de Gobierno, tal como lo establece la Constitución local.

Ibarra presentó una lista con las ciento setenta y seis clausuras que se realizaron antes del incendio en República Cromagnón para demostrar que la tragedia ocurrió «a pesar» de lo que se hizo y no «como consecuencia» de lo que no se hizo. Sobre esa premisa girará su estrategia. A la vez, Ibarra marcó objeciones como el hecho de que no fue notificado formalmente de la integración de la Sala Juzgadora -tras el sorteo realizado el sábado de nueve de sus integrantes luego de la renovación parlamentaria- como tampoco de los 16 cargos formulados en su contra. Abogado y ex fiscal él mismo, Ibarra puso su defensa en manos de un equipo de abogados que encabeza el ex fiscal Julio César Strassera quien hace 20 años pronunciara el «Nunca Más» cuando elevó los cargos y pedidos de condenas contra los jefes de la dictadura militar.

 

Kirchner y Carrió pueden ser decisivos

Según estimó el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Santiago de Estrada, una vez que reciba el listado de pruebas y testigos presentado por Ibarra, Maier «seguramente se dará unos días para analizar la documentación que reciba», razón por la cual la Sala Juzgadora recién podría reunirse «durante la semana próxima».Maier deberá determinar el lugar, la fecha y la hora de la primera audiencia oral y pública, aunque, en el caso de que no considerara procedente algún pedido de las partes, deberá reunir a la Sala Juzgadora para tomar una determinación.

La Sala tiene 4 meses para dar su veredicto. De hecho, ya transcurrió un mes. Cumplido el plazo, si no hay fallo, el juicio político se cae. En su presentación de ayer, Ibarra, hizo «reserva de futuros pedidos de nulidad», para resguardar la posibilidad de presentar esos recursos en el futuro. Es que el suspendido funcionario consideró que los diputados que integraban la Sala Juzgadora y que debían entregar sus bancas el 10 de diciembre debían prorrogar sus mandatos hasta la finalización del juicio político.

Esta interpretación vuelve a tomar fuerza después que el sábado el sorteo de los miembros de la Sala Juzgadora arrojó resultados que ponen a Ibarra ante un futuro por demás incierto, con 7 votos de los 15 en principio a favor de su destitución. Mirado así, su suerte dependería de que sea efectiva la presión del presidente Néstor Kirchner con los legisladores que integran su universo y de lo que decida la líder del ARI, Elisa Carrió con los suyos. La ahora diputada nacional ha sido prudente en este caso. El ARI integró la coalición que ungió a Ibarra en 2003 como jefe de Gobierno por un nuevo mandato de cuatro años. Los efectivos amigos de Ibarra son escasos y evitar que sus enemigos consigna los 10 votos en la Sala Juzgadora, requiere de decisiones políticas. Alertas están en la calle el sector de los familiares de las víctimas que motorizaron la defenestración del jefe del gobierno porteño. Se verá que para. *