El progresismo no debe abandonar la bandera de las libertades

La reflexión viene a cuento por el caso del ex comisario Luis Patti, un torturador reconocido en viejas declaraciones que hoy pueden serle fatales, y a quien una abrumadora mayoría de diputados nacionales decidió «retener» su diploma por la provincia de Buenos Aires, donde cosechó cerca de 400 mil voluntades.

No está, por ahora, expulsado. Su diploma será analizado como la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la cámara baja, que aún no está integrada y tardará algo, según la voluntad política que exista de ponerla en funcionamiento.

La «alegría» que genera el bloqueo al diploma del presunto asesino de militantes Montoneros y un amigo de la picana eléctrica, no sirve como argumento para impedir el acceso de Patti. El espacio de la derecha sostiene que se han violado los artículos 64 y 66 de la Constitución que dicen que cada cámara es juez de los títulos de los legisladores electos y los puede «remover» por «inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación».

La Convención Interamericana de Derechos Humanos autoriza a que la ley nacional prohíba la candidatura de un delincuente que ya haya sido condenado penalmente. Pero si la persona no está condenada y la justicia electoral oficializó su candidatura, la cámara respectiva no puede impedir su ingreso por hechos anteriores a esa habilitación, ya sea que se trate de delitos o de faltas éticas.

Sólo los hechos posteriores a la «incorporación» son causales de remoción. Antecedentes: la Corte norteamericana, en el caso Powell contra McCormack (durante 1969), dijo que el Congreso no puede desconocer la voluntad del electorado y respaldó la incorporación de un legislador corrupto. No es lo mismo un ladrón que un asesino, claro.

En esa sintonía, el conservador La Nación sostuvo que «el Estado de Derecho necesita de todos, incluso de las minorías, por desagradables u odiosas que puedan ser».

Otros antecedentes sobre los repugnantes amparados por la ley. En 1930, la Corte Suprema norteamericana revocó una sanción del tribunal superior de Minnesota en contra de The Saturday Press, un periódico anticatólico, antisemita, antisindical y antinegro, que también denunciaba actos de corrupción de funcionarios públicos.

Lo hizo con palabras de Madison: «Cierto grado de abuso es inseparable del uso apropiado de cualquier cosa y esto en ninguna instancia es más cierto que respecto de la prensa. En consecuencia, es mejor permitir el crecimiento lujurioso de algunas de estas ramas nocivas, antes que podarlas y dañar el vigor de las que dan los buenos frutos».

En 1988 el mismo tribunal desestimó una acción del reverendo derechista Jerry Falwell contra Larry Flint, director de la revista pornográfica Hustler. La Corte calificó de «grosera y repugnante» la publicación objetada pero descartó la demanda, en beneficio del debate irrestricto sobre las figuras públicas. Flint dijo entonces a los periodistas: «el fallo los protege a ustedes porque si yo pueden ejercer la libertad de opinión, nadie avanzará sobre la prensa». La vida no le dio toda la razón, pero fue una apreciación sensata.

 

No dejar resquicios de ilegalidad

Nada, en todo caso, es asimilable con las violaciones a los derechos humanos. O el asalto faccioso contra la carta magna. Por eso, la Constitución Nacional está por encima de la voluntad soberana en una elección.

En la Argentina por la reforma de 1994 «ya no es constitucionalmente posible tener por idóneo para el ejercicio de un cargo público de gobierno a quien se haya alzado en armas contra los poderes constitucionales o a quien (haya participado) en actos de masivas violaciones de derechos humanos».

Ese es el pronunciamiento de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que la Cámara de Diputados hizo suyo cuando impidió el acceso del general represor, Domingo Bussi. Fue el 10 de mayo del 2000, seis meses después del momento en que se impugnó su diploma en el recinto. Es que se aplicaría al caso Patti, pero igualmente quedan abiertos interrogantes sobre si la peor de la calificaciones que caen sobre las espaldas del ex policía que además amenaza con que pueden regresar los tiempos de la represión ilegal, no requiere que exista en cada acusación (o solo una, al menos) un dictamen de la Justicia.

En 1921, el senador socialista Enrique del Valle Iberlucea fue echado de la Cámara alta por adherir a la Revolución de Octubre de 1917. Desde entonces, todo olor a izquierda, sobre todo en tiempos de intolerancia y qué decir durante las dictaduras, fue objeto de persecución, discriminación, listas negras. La reconstitución del país requiere del pleno funcionamiento de todas sus instituciones y el caso Patti merece ser debatido en este contexto, no sólo con el santo furor que genera su trayectoria. Y, acaso, habrá que esperar que un tribunal que tiene a su cargo el juicio sobre muertos cuando la dictadura agonizaba, falla o no contra el ex policía.

Aunque el gobierno mantuvo un sugestivo silencio ante este hecho impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, no hay duda que tuvo su aliento y que hay que tomarlo como parte de su prédica contra la impunidad y no como una manifestación de la interna entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Patti fue aliado del duhaldismo el 23 de octubre.

Y, en todo caso, no forma parte del sistema de errores o dislates que han acompañado estos días al oficialismo como en el caso del diputado Eduardo Lorenzo, Borocotó, que se pasó del derechista Mauricio Macri al oficialismo y fue recibido con alborozo por el Presidente, a horas de haber sido elegido diputado nacional. Y menos aún con el del ex canciller Rafael Bielsa, que en horas renunció como legislador, aceptó el ofrecimiento, que no fue inopinado, de ser embajador en Francia, para dimitir más tarde a ese honor, y tratar de ingresar a la Cámara baja donde lo aguardan horcas caudinas que deberá, no fácilmente, superar. Pero, ¿piensa la gente que son casos diferentes o que forman parte de la politiquería?

 

El daño a las instituciones

¿Solamente errores, o un exceso de soberbia por parte del Presidente, en el caso Borocotó? O en el asunto Bielsa, ¿es reconfortante para las instituciones que al cabeza de lista en el distrito porteño se lo traslade a otro destino para o sacárselo de encima como piensan en la oposición o para devolverle la autoestima después del magro resultado electoral? Abandonar una banca por otro puesto, y el caso del ex canciller no es el único, no es ilegal. En todo caso, no hacerlo es una señal de respeto a los electores y a las instituciones. Justo cuando Kirchner es acusado por sus opositores de rebanar la calidad institucional del país en función de sus objetivos de mayor poder político, ocurren estos casos desalentadores.

¿De qué se lo acusa? En el Senado Nacional, Cristina Fernández de Kirchner enterró una ley sobre derecho a la información que no sólo la retacea a la prensa sino que hace menos transparente para el público las cosas públicas. La misma senadora nacional impulsa reducir los integrantes del Consejo de la Magistratura que entiende en el seguimiento del trabajo de los jueces, rebanando la representación de las minorías parlamentarias y de los abogados.

¿Han dañado el minué sobre cargos al Presidente que en octubre logró un fuerte respaldo popular? No hay forma de constatarlo y es una lástima, dicen analistas que no quieren mal al gobierno, que señales avanzadas en política externa y en el Mercosur, la línea contra la impunidad y otras cosas, queden diluidas en sospechas de desprecio a las instituciones.

Ha quienes suponen que la escalada de precios de artículos de primera necesidad, son, en p
arte, consecuencia de una lectura de sectores empresariales, que atisban alguna pérdida de prestigio del empleado número 1 de la Nación.

 

La inflación tan temida

«El Presidente en la intimidad piensa que la pulseada inflacionaria es también política. Según la óptica de la Casa Rosada, hay motivos para el alza de los precios, pero grupos políticos y económicos de derecha están impulsando un clima inflacionario para debilitar a Kirchner», escribió Clarín.

Hasta ahora, no se ven frutos de la «batalla contra la inflación» que impulsa Kirchner con su flamante ministra de Economía, Felisa Miceli. Los acuerdos con los supermercados, que acordaron reducir en un 15% productos de la canasta familiar, aún no es percibido por los consumidores. Y en cuanto a la carne, que se sabe que es parte de la dieta histórica, los productores se han negado a firmar cualquier compromiso sobre rebajas al menudeo.

Hay que volver a insistir en el carácter concentrado de la economía, en la falta de inversiones por parte de sectores que dominan monopólicamente la producción no solamente de alimentos sino de componentes clave que van de la hojalata al oxígeno y que es donde nadie ha puesto la mano como corresponde.

Las señales que envía el gobierno para 2006 indican su intención de persistir en su política de tipo de cambio fijo en torno a 3 pesos por dólar, en diluir en el tiempo lo más que pueda los ajustes de precios en los servicios de las empresas privatizadas y una política microeconómica de concertación de precios. Es continuidad reafirmada con el proyecto de presupuesto en el debate parlamentario.

Es oportuno subrayar que la presencia de amortiguadores antiinflacionarios como lo fueron: 1) un elevado superávit fiscal; 2) un importante superávit externo; 3) un precio del dólar prácticamente constante o 4) precios inalterados para los consumidores de los servicios públicos privatizados no impidieron en 2005 duplicar la tasa de inflación de 2004 y que la inflación llegue a los dos dígitos. El año 2006 se inicia con un piso de inflación del 12% anual, con demandas sociales en ascenso y sobre todo con un «boom» económico que es estimulado cada vez con más intensidad por el crecimiento de la demanda interna. El gobierno reiteró, como instrumento antiinflacionario, la denuncia pública a empresarios por los aumentos de precios. La experiencia en el pasado de intentos similares demuestra que es una estrategia que si da resultados, ellos son muy breves en el tiempo. Y aunque no hay aviso de desmadre de la inflación, se rebanan los salarios y se vienen tiempos de huelgas no pocas por encima de los líderes de la CGT como lo revela el latente conflicto en los subterráneos porteños. *