Argentina apuntala la inversión privada en su nueva etapa económica

Los fondos saldrán de las arcas del Banco Nación Argentina (BNA, estatal), la mayor entidad financiera del país, que presidió Miceli hasta su sorpresivo nombramiento la semana pasada, dijeron fuentes del gobierno a la prensa.

Pero el cambio de funcionarios no implicará variantes profundas en la política económica del gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien concentrará a partir de ahora todo el poder.

Lavagna era el único hombre del elenco gubernamental con independencia de criterio y no formaba parte de las filas del kirchnerismo, por ser fiel a un rival del jefe de Estado, el peronista Eduardo Duhalde (2000-2003), quien lo designó durante su presidencia.

El respaldo crediticio será concedido con preferencia a pequeñas y medianas empresas, dentro de un plan oficial contra la inflación, el mayor dolor de cabeza de Kirchner.

El índice de precios minoristas acumula hasta noviembre un 11%, medio punto por encima de la meta anual que había calculado Lavagna.

Analistas privados consideran que estimular el crédito no es una receta ortodoxa para combatir al alza de precios, como tampoco lo es una campaña para acordar con los supermercados rebajas de 15% en productos esenciales.

La subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, dijo el domingo a radio Del Plata que la conducta de los empresarios será vigilada, pero «no como una cuestión persecutoria sino de transparencia y eficiencia».

«En Francia, cuando ven que hay un precio que va a subir un poquito, se llama a la empresa para que lo justifique», dijo Vaca Narvaja al defender el control a los formadores de precios.

Pero Sandra González, presidenta de la entidad de defensa del consumidor Adecua, advirtió el domingo que «aún no se constataron rebajas en los precios de los alimentos».

Un economista liberal, el influyente consultor de empresas Miguel Angel Broda, admitió que los acuerdos de precios pueden ayudar a un enfriamiento de la aceleración inflacionaria.

Aldo Ferrer, ex presidente del Banco Central y líder de los economistas enrolados en el Plan Fénix (keynesiano, proindustrialista), dijo al diario Clarín que «la continuidad de la política económica está garantizada».

El Plan Lavagna, convertido ahora en Plan Miceli, tiene como ejes un tipo de cambio alto de tres pesos por dólar y un superávit fiscal del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

El programa también consiste en acumular reservas en el Banco Central, que atesora unos 26.000 millones de dólares, y negociar sólo a futuro aumentos de tarifas de servicios públicos.

Un economista liberal ortodoxo, el presidente de la consultora de mercado Infupa, Manuel Solanet, calificó este domingo de «populista» el plan del gobierno.

«El enfoque de la lucha antiinflacionaria tiene mucho que ver con una suerte de ‘chavismo’ (por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez) o populismo», dijo Solanet a radio América.

En cambio, Deborah Giorgi, presidente de la consultora Alpha y ex negociadora ante el Mercosur, dijo que «Argentina debe defender este modelo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque permitió crecer anualmente al 9% e incrementar 80% las exportaciones».

La actitud del gobierno ante el FMI será examinada por Miceli el lunes al recibir al representante argentino ante el organismo, Héctor Torres, convocado a Buenos Aires.

El FMI suspendió en 2004 su ayuda al país, pero ha declarado estar dispuesto a discutir un nuevo programa con Argentina.

Pero el gobierno sostiene que rechazará cualquier recomendación del organismo en el sentido de cambiar la política económica, como bajar el tipo de cambio, exigencia que Kirchner considera incompatible con un programa de crecimiento sostenible. *