Maestros argentinos se enojan con el gobierno

Los docentes advirtieron que no comenzarán las clases en marzo y convocarán a un plan de lucha si el gobierno de la Alianza no cumple con el pago de un aumento salarial, promesa con la que los maestros levantaron después de casi tres años la hoy ya mítica Carpa Blanca, que estuvo instalada frente al Parlamento y por donde pasaron en actitud solidaria, los actuales gobernantes entre miles de delegaciones solidarias.

Marta Maffei, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación amenazó con esa medida de fuerza después de que el ministro de Educación, Juan Llach, no supo precisar qué día se pagaría el aumento cuando días antes había prometido que se abonarían en febrero. Ayer el presidente Fernando de la Rúa en una reunión ministerial ordenó estudiar el modo de pagar la deuda.

El gobierno hizo incluir en el presupuesto nacional aprobado por el Parlamento los fondos para ese incremento, pero la cuota pendiente depende de la recaudación por un impuesto especial al parque automotor, yates y aviones, que fue aprobada el año pasado.

Como se recaudó menos de la mitad de lo previsto, porque el impuesto fue resistido especialmente por los influyentes gremios patronales de los camioneros que pusieron al país al borde del desabastecimiento, el cobro del impuesto fue postergado hasta fin de enero. Ayer hubo imponentes controles en las calles para verificar quiénes no tenían la oblea que testimonia que se pagó correctamente y aunque se verificaron infracciones se duda que por el impuesto se puedan reunir los fondos necesarios para abonar los compromisos. Los camioneros siguen sin pagar la gabela: se les ofreció que lo hagan en cuatro cuotas pero quieren extender a ocho ese plazo.

Los maestros están también enojados con el gobierno por un anuncio del ministro de Educación. El mismo implica la implantación de un sistema de evaluación que el sindicato considera el inicio de un plan de racionalización que Llach tiene entre ceja y ceja en un libro publicado tiempo atrás. Esas ideas, sin embargo, sedujeron tanto a Fernando de la Rúa como a Carlos «Chacho» Alvarez, quienes creen que hay que mejorar la calidad de la enseñanza como una de las bases para mejorar el futuro de los desposeídos.

Es, sin duda, un debate pendiente y Ctera como la Alianza postulan planes de evaluación junto a proyectos de capacitación, una debilidad del sistema actual de enseñanza.

Contradicciones

La mayoría de los dirigentes y militantes del gremio docente respaldó a la Alianza o son, varios, dirigentes del Frepaso. Es una contradicción que se venía venir, a pesar de que el gobierno de De la Rúa hizo aprobar el incentivo docente con el que pudo levantarse la Carpa Blanca. Contradicciones parecidas toman cuerpo en el movimiento sindical. La Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) que también se considera como participante del «espacio aliancista», tiene serios reparos con aspectos del proyecto de Ley Laboral que enfrenta especialmente al gobierno con el liderazgo de la CGT.

La tradicional central se niega, entre otros puntos, a que se dé espacio en la firma de los futuros convenios laborales a las comisiones internas de fábrica o sindicatos autónomos de los nacionales. La CTA aprueba este criterio, ya que en ese segmento tiene su fuerza obrera, pero demanda garantías para quienes negocien. El ministerio de Trabajo simplemente inscribe a esas organizaciones, pero con este trámite, los trabajadores no tienen los fueros de los dirigentes de los sindicatos de la CGT.

Con todo, el proyecto parece tener consenso público pese a que extiende a un año el período de prueba para los nuevos trabajadores, pero con el pago de la seguridad social y la jubilación. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, exhibe la posibilidad de una consulta popular, pero parece una actitud de presión sobre los dirigentes más que un curso de acción. De la Rúa prefiere que la ley salga por consenso con el peronismo. La forma de hacer aprobar la ley parece haber generado choques dentro del gobierno. Una versión radial adjudicó a De la Rúa darle todos los poderes a Flamarique y de haber dejado fuera de las negociaciones al jefe del gabinete, Rodolfo Terragno, quien en las últimas semanas ha tenido encontronazos con varios ministros y con el vicepresidente, Carlos «Chacho» Alvarez. Terragno desmintió la especie, pero varios medios han indicado que existieron choques entre él y sus colegas de gobierno.