El gobierno francés aprueba una dura ley contra el terrorismo

Durante la presentación del texto en consejo de ministros, el presidente Jacques Chirac estimó que el riesgo terrorista es «real» en Francia y que hay que «mantenerse totalmente movilizado».

«La exigencia es adaptar permanentemente nuestros dispositivos a la evolución de la amenaza. La exigencia es anticipar permanentemente», dijo.

El proyecto de ley prevé el desarrollo de la vigilancia a través de cámaras de vídeo en los transportes públicos y en los alrededores de la estaciones, así como en los centros comerciales y en los lugares de culto.

Este punto en particular corresponde a las «lecciones» obtenidas de la investigación en Gran Bretaña después de los atentados de julio pasado en Londres, que provocaron 56 muertos, explicó el ministro del Interior francés.

Los kamikazes autores de los atentados de Londres fueron identificados con la ayuda de cámaras de vigilancia.

Otro punto importante del proyecto se refiere a la conservación durante un año de los datos relativos a conexiones por teléfonos móviles y por Internet, incluidas las establecidas a partir de cibercafés.

Las penas de prisión máximas serán de 30 años en lugar de 20 para los dirigentes de grupos terroristas y de 20 años en lugar de 10 para los miembros de una organización de este tipo. Todo condenado francés de origen extranjero podrá ser despojado de su nacionalidad durante un período de quince años después de su naturalización.

El texto será discutido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional a partir del 22 de noviembre para su adopción definitiva antes de fin de año.

Interrogada en consulta, la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL) criticó varios puntos del proyecto, pero el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa francesa, no emitió objeción alguna.

La mayoría de los otros países de la Unión Europea ya han hecho más severa su legislación antiterrorista, con medidas que van en algunos casos mucho más lejos que las que se preparan en Francia.

Gran Bretaña, que durante largo tiempo fue reacia a toda armonización comunitaria, es ahora partidaria de un acuerdo europeo que permita conservar e intercambiar las informaciones obtenidas en llamadas telefónicas. Varios Estados europeos son reticentes a esta iniciativa. *