La Iglesia y los Sin Tierra, "desencantados" con Lula

«Hay cierto desencanto de los movimientos sociales respecto a este gobierno», que «no respondió a las expectativas», dijo en una rueda de prensa el opispo auxiliar de Sao Paulo, Odilo Pedro Scherer, secretario general de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

El prelado precisó que la Asamblea era una «advertencia» lanzada por los movimientos sociales, aunque negó que se tratara de un acto de «ruptura» con Lula y su Partido de los Tabajadores (PT, izquierda), con el cual estuvieron fuertemente relacionados antes de que el sindicalista llegara al poder en 2003.

«Tal vez sea una advertencia a los poderes institucionales; no significa necesariamente una ruptura», aclaró.

Los organizadores reconocieron que la crisis política desencadenada por las denuncias de corrupción que ya provocaron varias renuncias en el PT y en el gobierno dio nuevo impulso a la manifestación de descontento, pero que ese tema no sería prioritario en las discusiones.

«Hace cuatro meses que se habla de los sobornos y mientras tanto no se menciona cuánto dinero se destina a pagar la deuda externa ni se debaten cuastiones vitales», dijo el vicepresidente de Cáritas de Brasil, Demetrio Valentini, obispo de Jales (Estado de Sao Paulo).

La Asamblea Popular por un Nuevo Brasil, que se inaugura el martes por la noche, realizará tres días de debates para discutir sus principales propuestas.

Entre estas figuran la atribución de mayores recursos a proyectos nacionales y productivos, que estiman perjudicados por el pago de los intereses de la deuda pública y por grandes proyectos de infraestructura que juzgan sólo beneficiosos para el agronegocio y las empresas extranjeras.

En las manifestaciones participará el obispo Luiz Flavio Cappio, que acaba de realizar una huelga de hambre de once días para protestar contra el proyecto de canalización del río Sao Francisco para llevar agua al árido noreste del país.

La CNBB respalda esa posición, por juzgar que los principales beneficiarios del proyecto serán los grandes explotadores agrícolas y las empresas extranjeras que obtendrán los contratos de construcción, además de conllevar un riesgo de privatización» del agua, indicó Valentini. *