Primer juicio por enriquecerse ilícitamente

El ex dictador chileno Augusto Pinochet quedó este miércoles expuesto a su primer juicio por un eventual enriquecimiento ilícito durante su régimen, que se suma al proceso iniciado por los crímenes de la «Operación Colombo».

El general Pinochet, que en noviembre cumplirá 90 años, quedó enfrentado a este nuevo proceso luego de que la Corte Suprema aprobara este miércoles privarlo del fuero especial que lo protege como ex presidente.

Sin esa inmunidad, Pinochet deberá responder por los casi 27 millones de dólares que ocultó en un centenar de cuentas bancarias abiertas en secreto en el Riggs Bank de Estados Unidos y entidades financieras de otros países.

En estas operaciones, el ex dictador «omitió maliciosamente declarar todos sus impuestos para efectos del cálculo de su carga impositiva» e «incurrió en diferentes procedimientos dolosos encaminados a ocultar y desvirtuar el verdadero volumen de las inversiones realizadas», según estableció el juez Sergio Muñoz, que hasta el martes dirigió el proceso.

Pero además de este juicio, Pinochet debe hacer frente a otro proceso por violaciones a los derechos humanos durante su régimen, que lo vinculan a las 119 ejecuciones atribuidas a la «Operación Colombo». Pinochet aparece sindicado como el autor de la orden para ejecutar en 1975 a 119 miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras agrupaciones clandestinas, cuyas muertes fueron atribuidas a enfrentamientos entre facciones internas, según las versiones oficiales que difundió el régimen militar.

El ex dictador quedó expuesto a ese juicio luego de que el 14 de setiembre la Corte Suprema aprobara su desafuero, aunque ordenó una completa revisión física y mental  que comenzó este martes  para determinar si está o no en condiciones de enfrentar al juez que debería interrogarlo. No obstante las últimas resoluciones judiciales, la posibilidad de que el general Pinochet sea efectivamente enjuiciado resulta incierta, pues en otras dos oportunidades los tribunales archivaron sin sanción procesos abiertos por crímenes ocurridos bajo su dictadura.

En julio de 2002 la Corte Suprema sobreseyó definitivamente el juicio por las 75 ejecuciones atribuidas a la «Caravana de la Muerte», que por orden suya recorrió el país meses después del golpe que lo instaló en el poder ejecutando sumariamente a presos políticos. *