Sendero Luminoso espera justicia

El presidente del tribunal que los juzga, Pablo Talavera, les permitió sentarse muy cerca, a una silla de distancia, pero les prohibió conversar en la segunda audiencia del juicio que comenzó el lunes en la Base Naval del Callao, donde están detenidos.

Veinticinco años después del inicio de la lucha armada que encabezaron en los Andes peruanos, y 13 desde que fueron capturados en una residencia de clase media de Lima, Guzmán e Iparraguirre y otros 22 miembros de la dirección senderista afrontan un proceso por terrorismo agravado, homicidio calificado y delitos conexos en perjuicio del Estado, entre otros cargos.

De acuerdo con la independiente Comisión por la Verdad y Reconciliación (CVR), que documentó la violencia política en Perú entre 1980 y 2000, Sendero «fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos» en ese período.

La mayor parte de las víctimas eran campesinos e indígenas pobres, la gente por la que los senderistas justificaron la «guerra popular» de inspiración maoísta que condujeron con mano de hierro entre 1980 y 1992.

Entre los encausados se encuentra el número tres de la organización, Oscar Ramírez, más conocido como camarada «Feliciano».

Este miembro del reducido grupo que Guzmán escogió para llevar adelante la lucha armada, e integrante del Comité Central del partido, se convirtió en su principal acusador, al reiterar su disposición de colaborar con el tribunal, en busca de una reducción de la pena de cadena perpetua, pedida por la fiscalía para él y para la mayoría de la dirigencia senderista.

Los fiscales también pidieron el pago de una reparación equivalente a 20.500 millones de dólares.

La determinación de «Feliciano», hijo de un ex oficial del Ejército cuya familia está entroncada con la del ex asesor presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos, tiene una explicación.

Cuando Guzmán fue detenido el 12 de setiembre de 1992, Montesinos negoció con el prisionero un acuerdo de paz a cambio de privilegios, como permitirle vivir en la cárcel con su pareja, Iparraguirre.

El jefe senderista aceptó, y Montesinos difundió entonces un video en el que Guzmán anunciaba a sus militantes el fin de la guerra. Pero «Feliciano», libre y liderando una columna armada en el centro del país, desacató la orden y continuó en acción durante siete años más, hasta que un policía lo reconoció y lo detuvo por casualidad, el 14 de julio de 1999.

El procurador del Estado para casos de terrorismo, Guillermo Cabala, dijo que el testimonio de «Feliciano» era fundamental para sostener la acusación contra Guzmán y la cúpula senderista. Sin embargo, por ser dirigente de la organización, «Feliciano» sólo podría acogerse al beneficio de la confesión sincera, figura del código penal «que le permitiría acceder a una sentencia por debajo del límite mínimo que se otorga al delito imputado, siempre y cuando se verifique que lo que dice es cierto», aclaró Cabala a IPS.

En todo caso, y más allá del testimonio de «Feliciano», «hay abundante evidencia contra Guzmán y la cúpula como para que reciban la condena prevista: cadena perpetua», afirmó Cabala.

«Feliciano» declaró ante una comisión de congresistas y ante autoridades judiciales que el fundador de Sendero era quien ordenaba las matanzas en nombre de la revolución.

«Es un psicópata» y un «traidor», dijo «Feliciano», definiendo a quien solía llamar en el pasado «El faro de la revolución mundial», «La cuarta espada del marxismo-leninismo» y «Presidente de la República Popular de Nueva Democracia».

Uno de los casos incluidos en el proceso colectivo fue la matanza de 69 campesinos, la mayoría niños y ancianos, en la localidad de Lucanamarca, sudoeste del país, el 3 de abril de 1983. Según dijo «Feliciano» a la CVR, Guzmán tomó la medida en venganza porque los pobladores habían expulsado a los senderistas de la aldea debido a los abusos que cometían. Para ahorrar proyectiles, usaron machetes y cuchillos.

En su informe, divulgado en 2003, la CVR sostuvo que la ideología y organización de Sendero, concebidas por Guzmán, además de endiosar la figura de éste como líder de un proyecto revolucionario, se sustentan en la eliminación sistemática de sus oponentes. De allí que señala a la dirigencia de la organización como responsable de crímenes de lesa humanidad.

Guzmán alegó que sólo adoptó decisiones políticas, y atribuyó las víctimas de aquellos años a la «guerra sucia» de las fuerzas de seguridad del Estado. *