Temen estallidos sociales en provincias argentinas

Al menos diez de las 24 provincias argentinas tienen graves problemas financieros y de desocupación que las coloca al borde del colapso y se convierte en un asunto de primera preocupación para el gobierno de Fernando de la Rúa.

La ominosa sombra de lo acontecido en la provincia de Corrientes donde la crisis (pagos de sueldos atrasados varios meses) estalló violentamente a pocos días de que asumiera De la Rúa con el saldo de dos muertos y numerosos heridos al intervenir la Gendarmería Nacional, tiene más que alerta al ministro del Interior, Federico Storani.

Entonces, un puente ocupado por organizaciones populares para manifestar su protesta, fue despejado por los gendarmes y poco después, en episodios aún no esclarecidos, dos personas resultaron muertas. Corrientes está intervenida por el gobierno nacional.

La investigación del caso no se ha movido con novedades, pero el nuevo titular de la Gendarmería Nacional anticipó que el comandante Chiappe que dirigió el desalojo del puente será pasado a la reserva.

Las provincias en peores condiciones son Jujuy, Corrientes, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén, es decir que abarca tanto a administraciones peronistas, como de la Alianza o de partidos provinciales.

Pero comunas del Gran Buenos Aires, con muchos más habitantes que casi todas esas provincias, como las de Morón, Lomas de Zamora o San Martín, viven también situaciones de emergencia económica: las tres están bajo el control de la Alianza y las dos primera comunas senaladas, por el Frepaso. Todos los alcaldes asumieron hace menos de dos meses, es decir, que la herencia que recibieron ha sido la causa de la actual situación.

Los problemas de las provincias son en la superficie los déficit de caja y el enorme endeudamiento. Pero en rigor, todo se basa en la crisis de sus economías, algunas de ellas en otros momentos florecientes, y la falta de planes alternativos. La mayor fuente de ocupación es la administración pública.

El gobierno nacional pudo establecer con el FMI una fórmula de compromiso en lo referente a las provincias para poder cerrar el acuerdo que el gobierno de la Alianza conceptúa fundamental para iniciar un plan de crecimiento. Sólo se pudo comprometer a presionar a sus autoridades para que ajusten sus economías, sin metas fijas como se ha comprometido en el orden nacional. Pero temeroso de que estallen crisis sociales, el Ministerio del Interior busca amortiguar las medidas de ordenamiento.

En 1999 los estados provinciales tuvieron un desequilibro fiscal por 3.700 millones de dólares y deberán reducirlo a 2.200 este ano. La Nación refinanciará la deuda de 20.700 millones de dólares con las provincias que acaten pautas de ajuste de gastos por 1.500 millones de dólares. Difícil.