Cuando la Justicia chilena tocó a la familia Pinochet

La ex primera dama, de 82 años, recuperó su libertad ayer jueves por disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago, después de pasar una noche detenida en el Hospital Militar.

Marco Antonio Pinochet, en cambio, continúa recluido en la cárcel Capuchinos, acusado junto a su madre de complicidad en una evasión tributaria del general Pinochet, por las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank y otras entidades bancarias fuera de Chile.

El primer miembro de la familia Pinochet que cayó bajo la mira de la justicia fue el hijo mayor, Augusto Pinochet Hiriart, que en 1990 fue investigado por una comisión del Parlamento, después de que vendió al Ejército, bajo el mando de su padre, una fábrica de fusiles en una operación por tres millones de dólares.

La investigación quedó paralizada en 1995, cuando el Gobierno del presidente Eduardo Frei (1994-2000) invocó «razones de Estado» para no llevar a los tribunales al hijo de Pinochet.

Diez años después, el 13 de diciembre pasado, el primogénito del general Pinochet fue condenado a 541 días de cárcel por el Tribunal Oral de Curicó, 180 km al sur de Santiago, que no obstante le concedió la libertad con la condición de que periódicamente concurra a firmar un libro al tribunal.

Operaciones de compra y venta de automóviles robados y la posesión ilegal de armas son los delitos por los que fue condenado.

El general Pinochet, de 89 años, se vio cercado por la justicia a partir del 16 de octubre de 1998, cuando inició su largo arresto de 503 días en Londres por el fallido intento de extradición que emprendió el juez español Baltasar Garzón.

De regreso en Chile el ex presidente de facto fue arrestado en dos oportunidades, cuando el juez Juan Guzmán Tapia abrió juicios en su contra por algunos de los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen, entre 1973 y 1990.

Entre febrero y marzo de 2000, Pinochet permaneció detenido durante seis semanas en su finca costera de Los Boldos, 120 km al oeste de Santiago, en el proceso por los asesinatos y secuestros que cometió la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que recorrió Chile en octubre de 1973, un mes después de su instalación en el poder.

El juicio concluyó en julio de 2002, después de que la Corte Suprema determinó que Pinochet padecía una «demencia moderada» que le impedía defenderse ante los tribunales.

El mismo juez Guzmán Tapia insistió sin embargo, y tras lograr que las cortes despojaran de su fuero a Pinochet lo mantuvo bajo arresto durante nueve días, en enero pasado, por los crímenes de la «Operación Cóndor», un plan secreto de las dictaduras sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores.

La Corte de Apelaciones archivó el caso sin sanciones y volvió a liberar de cargos al ex dictador, sobre la base del deterioro de su salud.

En la actualidad, Pinochet enfrenta la posibilidad de que la Corte Suprema lo prive de su fuero, como ya lo hizo hace dos meses la Corte de Apelaciones, en el proceso que dirige el juez Sergio Muñoz por sus cuentas secretas en bancos de Estados Unidos y otros países, con depósitos que llegaron a 17 millones de dólares, según los antecedentes de la investigación. *