La guerrilla colombiana no suelta las armas

Con la anunciada desaparición del Ejército Republicano Irlandés (IRA) constituido como fuerza armada para conseguir sus objetivos políticos (la unificación de Irlanda), las miradas se han volcado sobre la supervivencia de ETA. En las Américas, un continente en endémica convulsión y clima preñado de violencia, tanto privada como estatal, la atención se ha posado sobre el único caso de existencia reconocida de lo que en otros tiempos se llamaron «guerrillas», también «movimientos subversivos», y que en los nuevos tiempos han recibido insólitos epítetos como «narcoterrorismo». Colombia, una peculiar sociedad que presenta una de las cotas más altas de señas de identidad nacional del subcontinente latinoamericano, es seno de los únicos movimientos «guerrilleros» que subsisten en el nuevo siglo.

Tan sólida es su conciencia que el propio estado colombiano había reservado hasta muy recientemente, o tolerado a regañadientes, amplias áreas del territorio nacional en las que las guerrillas, consideradas por multitud de gobiernos y organizaciones internacionales como «terroristas», campan a sus anchas, donde la presencia oficial todavía es nula. Los argumentos de estos grupos son tan aparentemente justificables que en numerosos lugares la población no tiene más remedio que respaldar sus acciones, y ha colaborado política y económicamente con los «guerrilleros» o «terroristas».

Mientras tanto, los sucesivos gobiernos colombianos están permanentemente obligados o dispuestos al intercambio de prisioneros, a dialogar abiertamente y autorizar intermediaciones de prestigiosas figuras extranjeras (como Felipe González). Bogotá pacta su desmovilización mediante fórmulas entre ingeniosas (leyes de amnistía disfrazadas de reinserción, etiquetadas como respaldo a la impunidad del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, y el puro asesinato), cuando no sorprendentes (compra de cosechas de coca, en lugar de su fumigación).

De ahí que la especificidad del contexto de la guerrilla en Colombia la convierta en dudosa candidata para seguir el camino abierto por el IRA, y apenas se pueda paralelizar al perfil de la ETA, con la que numerosos observadores apresurados pretenden descubrir similaridades. Lo cierto es que son múltiples los detalles de la estructura del movimiento paraestatal colombiano que lo alejan, de momento, de ser susceptible de seguir el ejemplo del «adiós a las armas» de los irlandeses. Las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación de Colombia (ELN) y su contraparte de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desafían en triangular competencia la soberanía estatal en una madeja socioeconómica que no sólo resulta novedosa en Latinoamérica, sino que bien puede ser un caso único en este confuso desorden mundial, del que quizá sea un subproducto genuino.

En primer lugar, por mucho que el gobierno de Alvaro Uribe lo niegue, al igual que sus antecesores, la endémica presencia de estos grupos armados que aterrorizan y manipulan a la población es parcialmente debida a que Colombia es en cierta manera un ejemplo de «estado colapsado». Ha sido incapaz de ejercer su soberanía, reclamar el monopolio legal de la fuerza, y cumplir con sus funciones esenciales en amplias zonas del territorio nacional. Protegido por una geografía difícil, el estado está lejos y se percibe como inútil. Además, Colombia está inserta en un escenario internacional de por sí conflictivo, en medio de un triángulo formado por Cuba, Venezuela y el resto de los países andinos, cada uno con sus propios problemas. En un plano más amplio, a pesar de las evidentes actividades criminales de todos los grupos, lo cierto es que las FARC y el ELN todavía se benefician de un cierto resabio de romanticismo latinoamericano que siente nostalgia por la época guevarista y la mística sandinista. El populismo ha renacido con renovada fuerza.

El cansancio por los errores del neoliberalismo y las limitaciones del desarrollo basado en el puro librecomercio han golpeado a las mayorías discriminadas de tal manera que un cierto fatalismo ha sustituido a la esperanza por la utopía. En su lugar, el pragmatismo y la hipocresía se han convertido en justificación para sustituir el fusil de antaño por la pistola con la que se ejecuta el secuestro. Paradójicamente, la solución patrocinada por los Estados Unidos tras el final de la guerra fría, centrada en la libertad de mercado y la competitividad, ha sido interpretada por el abrazo de técnicas de mercadotecnia y procedimientos capitalistas antes impensables para los «muchachos» que seguían leyendo a Marx, Mao o el Che.

La coca, la materia prima de la zona, se ha convertido en fuente de toda la economía (formal y subterránea), no solamente de las zonas de influencia, sino de todo el territorio nacional. Los guerrilleros (tanto los de las FARC y el ELN, como las AUC) se han convertido en eficientes «hombres de empresa», que parecen reciclados mediante «masters» cursados a distancia desde las selvas. Añadido al producto de la extorsión y el secuestro (que afectan indiscriminadamente a todos los sectores sociales), el impresionante tejido de lavado de fondos llega a curiosos sectores de la economía como la industria bananera, los hoteles y restaurantes e incluso sistemas exitosos de lotería y apuestas, no necesariamente ilegales.

Los incentivos para que los grupos violentos sigan el ejemplo del IRA pueden tener resultados (de hecho, más de 14.000 miembros de las AUC han aceptado la reinserción), pero a la larga serán costosos, lastrando la hacienda nacional, siempre en déficit en una sociedad enterrada en el fraude fiscal. El resultado es que el abandono por agotamiento o por convicción según el ejemplo irlandés, o el ulterior de la ETA, se deben pagar, y los cheques escasean. Y no se piensa que tanto Washington como Bruselas estén muy dispuestos a respaldar una operación que, de momento, y con todas las buenas intenciones y miras a largo plazo, es percibida como un certificado a la impunidad del asesinato, el secuestro y el chantaje. *

(*) Joaquín Roy es catedrático ‘Jean Monnet’ y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami(Copyright IPS)