Argentina: procesan a ex senadores por coimas

La resolución coloca otra vez en un primer plano al ex vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez que renunció por considerar que De la Rúa no tenia voluntad de investigar este escándalo que de todas maneras ahora envuelve al presidente de la Alianza y a su jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes. La salida con esos argumentos del fundador del Frente Grande, hirió casi mortalmente al gobierno de la Alianza.

Casualmente el nombre de «Chacho» Alvarez está siendo meneado como reemplazante del canciller Rafael Bielsa una vez que deje su cargo al sumir como diputado nacional.

Pero es un efecto negativo para la Unión Cívica Radical que hace esfuerzos por reposicionarse en el panorama nacional. Justamente ayer Raúl Alfonsín proclamó que en el 2007, año de renovación presidencial, su partido disputara con chances volver al gobierno. Es que Alfonsín acaba de ganar, aunque muy ajustadamente una elección interna partidaria en la provincia de Buenos Aires por cuatro cargos para el Comité Nacional que designará al futuro titular del radicalismo que el mandatario aspira a conquistar. Para algunos fue una «victoria a lo Pirro», ya que aunque logró 3 convencionales con cerca del 53% de los votos, su retadora, la diputada nacional Margarita Stolbizer también ira al máximo organismo del partido y le volverá a pelear allí la titularidad. Stobizar ha hecho incursiones para ubicar a su partido en un nuevo espacio de centro-izquierda especialmente con el socialismo.

La acusación de recibir sobornos, que parecen ser una plaga sudamericana de estos tiempos, por ahora, alcanza a los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda. También quedaron procesados el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, un ex amigo de Alvarez, pero distanciado desde que estalló el escándalo, el ex titular de la SIDE delarruista Fernando de Santibañes y el «arrepentido» Mario Pontaquarto, quien destapó la olla en una semanario local.

Los ex funcionarios de la Alianza fueron procesados por «cohecho activo agravado» (pago de los sobornos), y De Santibañes, además, por malversación de caudales públicos, mientras que a los justicialistas se les imputó «cohecho pasivo» (recibir las coimas) y encubrimiento, por haberlos cobrado sabiendo que se trataba de fondos estatales. Rafecas también apunta hacia arriba, al citar a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado a De la Rúa.

Rafecas es uno de los nuevos jueces federales que asumieron durante la gestión de Néstor Kirchner. Los imputados fueron indagados en los últimos meses, a medida que el juzgado iba corroborando la versión de Pontaquarto, desacreditado por los otros imputados.

El arrepentido aseguró hace un año y medio que él retiró unos 5 millones de pesos, entonces dólares, de la SIDE para repartir entre senadores justicialistas por la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, anulada el año pasado por el Parlamento.

Uno de los principales elementos para certificar la versión de Pontaquarto fue el cruzamiento de llamados telefónicos. Así, según las fuentes, varios de sus dichos fueron corroborados por la ubicación que tenían algunos teléfonos celulares al momento de realizar o recibir llamados.

Aunque varios de los procesados ya lo fueron por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la Cámara Federal revocó esa decisión hace un año porque había varios puntos débiles en la versión del arrepentido. Esos huecos fueron rellenados ahora con la nueva investigación encabezada por Rafecas.

Pontaquarto dijo haber retirado el dinero de la SIDE el 18 de abril de 2000, pero se lo tuvo que llevar a su casa porque ese día una protesta postergó la sesión en la que se aprobaría la polémica ley. El pago, según su versión, se hizo una semana después, en el departamento porteño del salteño Cantarero. La investigación de los llamados telefónicos de los imputados tuvo su epicentro en esas horas y esa zona de la Capital Federal, en Barrio Norte.

En rigor, la primera pista de que se untaba las manos de legisladores para que se votaran leyes, no solo la de la reforma laboral, la puso negro sobre blanco en el diario La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá.

Pareciera que el tiempo le está dando la razón, al igual que al abogado Ricardo Monner Sans quien fue quien hizo la primera presentación judicial en el 2000 que, con sobresaltos, llegó a la resolución de la víspera. Veremos. *