Unas 170.000 armas en manos de ex militares y bandas de delicuentes

El país se prepara para las elecciones mientras unas 170.000 armas pequeñas están en manos de ex militares y bandas delictivas que las utilizan para cometer graves abusos contra los derechos humanos, dice Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha presentado.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno provisional y a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití que pongan en marcha sin demora un amplio programa de desarme, desmovilización y reintegración.

«Grupos armados ilegales y ex militares están utilizando las armas pequeñas para cometer secuestros, abusos sexuales y homicidios con total impunidad. Sin un programa de desarme y una justicia eficaz para las víctimas, Haití se hundirá aún más en la crisis», opina Amnistía Internacional.

El informe, titulado Haití: Desarme retrasado, justicia denegada, muestra cómo en varias partes del país, donde la autoridad del Estado sigue siendo escasa, grupos armados e individuos siguen controlando ilegalmente el territorio y la población y cometiendo actos delictivos sin que las autoridades nacionales  incluida la Policía Nacional  ni los agentes de la Minustah les pongan coto.

Los intentos de desarmar a grupos armados ilegales han sido insuficientes y han demostrado que las autoridades haitianas no están dispuestas a poner en marcha un plan de desarme eficaz.

En marzo de 2005, 325 ex militares entregaron simbólicamente 7 armas en Cap-Haitien, señalando así su retorno a la vida civil. Desde entonces, no ha habido ningún intento serio de desarmar a los grupos de ex militares y rebeldes.

La falta de voluntad política del gobierno provisional para llevar a cabo las reformas de la Policía Nacional que se necesitan urgentemente o poner en marcha un programa de desarme está obstaculizando los esfuerzos de la Minustah para resolver la crisis, sostiene la organización internacional.

«La ausencia de rendición de cuentas entre los agentes de la Policía Nacional y la impunidad generalizada de los abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados no puede conducir a una paz duradera en Haití. El gobierno provisional no está cumpliendo con sus responsabilidades internacionales y fundamentales de proteger a los haitianos y sus derechos más básicos».

En medio de una violencia y una inseguridad cada vez mayores, la Minustah debe tomar medidas más contundente para cumplir sus objetivos de proteger a la población civil, promover los derechos humanos y combatir la impunidad, reclama Amnistía Internacional.

«Haití nunca conseguirá una paz duradera a menos que los responsables de crímenes contra los derechos humanos respondan de sus actos y que las víctimas consigan un resarcimiento», sostiene el informe. *