Piden detener al publicista que financió a gobernante PT

La comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre denuncias de corrupción en los Correos pidió que el Ministerio Público proceda a la detención de Valerio, alegando que en libertad podría destruir documentos importantes para esclarecer los hechos.

Aprobó, además, el embargo de los bienes de Valerio, al igual que el levantamiento del secreto bancario, fiscal y telefónico de todas sus empresas y de su esposa, Renilda Santiago de Souza, informó la agencia oficial de la Cámara de Diputados.

Valerio y sus empresas de publicidad en Belo Horizonte (capital de Minas Gerais, sudeste) movieron decenas de millones de dólares para el PT desde la llegada del presidente Luiz Inacio Lula da Silva al poder, en enero de 2003.

Esos préstamos tuvieron el aval de contratos obtenidos por el propio Valerio con empresas estatales, lo cual configura una triangulación para desvío de fondos públicos, con sospecha de que sirvieron para sobornar diputados.

El ex tesorero del PT, Delubio Soares, reconoció que el publicista le había prestado 39 millones de reales (16,7 millones de dólares, al cambio actual), pero afirma que sirvieron para financiar campañas de partidos de la coalición que apoya al gobierno de Lula.

Según documentos publicados esta semana por el diario O Globo, Valerio ya había experimentado sus técnicas de financiación ilícita en Minas Gerais, donde se encuentran sus agencias, obteniendo fondos para la campaña por la reelección en 1998 del gobernador de Minas Gerais (sudeste), Eduardo Azeredo.

Azeredo, actual presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002), obtuvo en esa ocasión una contribución de 11,7 millones de reales transferidos a través del Banco Rural, que recibió como garantía precisamente contratos de publicidad firmados por Valerio con el Estado de Minas Gerais.

El esquema, apodado por la prensa como el «valerioducto», se usó a escala nacional tras la llegada del PT al poder, para armar una «gran lavandería de dinero sucio», según la definición de la diputada y ex juez Denise Frossard, que participa da la CPI de los Correos.

El Banco Rural siguió siendo uno de los preferidos para esas operaciones, y los primeros documentos entregados a la CPI ya permitieron identificar a unas 50 personas -incluyendo numerosos políticos- que sacaron más de 35 millones de reales (14,6 millones de dólares, al cambio actual) de esa institución financiera.

Los documentos entregados a la CPI también revelaron que un diputado del partido del Frente Liberal (PFL, oposición de derecha), Roberto Brand, hizo en 1999 un retiro de 150.000 reales de una cuenta de Valerio.

El Supremo Tribunal federal decidió por su lado ampliar el periodo de sus investigaciones sobre Valerio a partir de 1998. *