Kirchner endurece su política hacia piqueteros

En la medida que avance la campaña electoral pueden ocurrir hechos de contención, dirán en el oficialismo, de represión, calificarán los damnificados y sus aliados, casi sólo los partidos de la izquierda histórica, pero la cuestión es que el asunto está instalado en el discurso de las agrupaciones políticas, incluidas, aunque de modo diverso, en el bifronte peronismo bonaerense.

No siempre el dicho y el hecho se corresponde. Por caso, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien con otro de su apellido, el jefe de gabinete Alberto, fungen como voceros cotidianos del gobierno, ha jurado en más de una ocasión que el puente Pueyrredón, un emblema por que allí fueron asesinados dos piqueteros en junio del 2002, no sería cortado por manifestantes y sin embargo ocurre a menudo y cada 26, día del infausto hecho, se reitera.

Con esta paradoja: si no son los manifestantes los que impiden el trafico por esa vía que une la Capital Federal con Avellaneda, es la policía con su presencia masiva y contundente.

A diario se llevan a cabo reclamos por la libertad de Raúl Castells, discutido líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que esta detenido bajo proceso por supuesta extorsión a la casa de comidas rápidas McDonald’s, con la particularidad que hace ayuno de protesta hace casi 45 días. Su esposa, Nina Peloso, afirma que Castells está grave y orienta las demandas incluso frente a embajadas extranjeras, Cuba también, y aunque no son tumultuosas, dislocan el tránsito y el humor de los automovilistas, choferes de taxis y vehículos de pasajeros, estos (en gran parte) sumados.

En rigor la mano mas pesada tiene ya un año de vigencia y siguen presos 15 manifestantes por un episodio frente a la Legislatura porteña. En semanas, pero detenidos, se les inicia el juicio oral y público.

Con todo, los hechos más fuertes ocurren en la provincia de Santa Cruz, que es la del Presidente y de Chubut, las dos en la Patagonia y de riqueza petrolera. Unos 60 piqueteros que mantenían ocupada una planta de Repsol-YPF en la localidad santacruceña de Cañadón Seco quedaron detenidos tras ser desalojados por policías y gendarmes.

 

Fallos judiciales contradictorios

La toma había comenzado el martes en reclamo de puestos de trabajo. Los dirigentes del Polo Obrero (PO), influenciado por el Partido Obrero (trosquista) denunciaron el uso de gases lacrimógenos y palos por parte de los efectivos para reprimir a los desocupados. Intervinieron más de 500 agentes y diez personas tuvieron que ser hospitalizadas. Además, las familias de los presos estaban reclamando por las malas condiciones de detención.

El ministro de Gobierno provincial, Roque Ocampo, justificó el operativo y aseguró que los manifestantes tenían «bombas molotov y armas blancas». Cañadón Seco se encuentra a 50 kilómetros de Caleta Olivia zona petrolera donde meses atrás se realizaron movilizaciones que también incluyó cortes en dos rutas provinciales.

En esa ocasión quedaron detenidos seis piqueteros, lo que motivó el reclamo de varios diputados y organismos de derechos humanos. Finalmente, los militantes fueron liberados ocho meses después, tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial que decidió que la medida afectaba «la garantía constitucional del debido proceso».

No todos los magistrados piensan de igual modo y ahora está el caso del piquetero Gustavo Franquet, integrante de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, que enfrentará un juicio oral y público por interrumpir el tránsito en la autopista Cañuelas-Ezeiza en agosto de 2003.

Vale aclarar que hay poco más de 4 mil personas con esa espada de Damocles. En su decisión los camaristas tuvieron en cuenta «el conflicto entre los derechos de petición y de reunión con el derecho de libre circulación del transporte por las vías públicas» y consideraron que «el modo de ejercicio de los primeros conlleva una merma extrema al derecho de tránsito en espacios públicos, cuando no a la imposibilidad de su desenvolvimiento normal».

Al confirmar el procesamiento de Frasquet, los magistrados añadieron que «el reproche penal no depende del tono pacífico de la movilización o de la duración de la interrupción, o de que la molestia producida haya sido intrascendente». Es más, consideraron que «basta una molestia que entorpezca la circulación para que se configure la adecuación del hecho a la conducta prohibida». Que tal.

Esto pese a que un tercer juez sostuvo en disidencia que, «el corte de la ruta fue parcial y los automóviles fueron desviados por personal policial para continuar su recorrido por una ruta alternativa existente» *