¿Estados Unidos, el gulag de nuestros tiempos?

Un prisionero encapuchado se mantiene en equilibrio sobre una caja mientras unos cables cuelgan de sus brazos extendidos. Un hombre desnudo se encoge aterrorizado mientras los soldados le azuzan unos perros que le enseñan los colmillos. Un Corán profanado.

«Ofensivo, irresponsable, censurable, desafortunado, triste y absurdo».

Mientras, el domingo 26 de junio, el mundo conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, podría perdonarse a quien supusiera que estas palabras se han utilizado para calificar las terribles imágenes descritas más arriba. Pero no es así. En realidad, son palabras utilizadas por altos funcionarios estadounidenses en las últimas semanas en respuesta al Informe 2005 de Amnistía Internacional (AI). Esta reacción defensiva ha sido el más reciente de una larga serie de intentos por parte del gobierno estadounidense de desviar y apartar la atención de las serias denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados contra detenidos recluidos bajo custodia de Estados Unidos en Guantánamo, Bagram y otros lugares no desvelados de todo el mundo. El gobierno estadounidense ha dirigido su poder contra AI por utilizar una palabra: «gulag». AI no ha dicho en ningún momento que el grado de abusos cometidos en Guantánamo sea equivalente al de los gulags soviéticos. Al hablar de Guantánamo como «el gulag de nuestra época», estábamos diciendo que, para muchas personas de todo el planeta, el centro de detención de Guantánamo se ha convertido en un símbolo de los abusos contra los derechos humanos de nuestra era, así como los gulags lo fueron de la época estalinista.

Durante los últimos tres años y medio, AI ha elaborado varios informes detallados sobre las políticas y prácticas que afectan los derechos humanos empleadas por Estados Unidos en el contexto de la «guerra contra el terror». El más reciente, con 164 páginas de datos, testimonios y análisis, se publicó tan sólo unas semanas antes de la presentación del Informe 2005. Otro, publicado en octubre de 2004, tenía más de 200 páginas. El gobierno de Bush no ha respondido a ninguno de los dos.

La indignación manifestada por funcionarios estadounidenses incluidos el presidente, el vicepresidente y el secretario de Defensa ante la condena realizada por AI de esas prácticas no sólo es una mera hipocresía, sino también una táctica de distracción para apartar la atención de unas cuantas verdades duras.

Vayamos ahora al fondo de la cuestión. El presidente Bush, en su declaración del 31 de mayo último, acusó a AI de basar su información en las opiniones de «personas que estuvieron detenidas, personas que odian a América». Si hubiera leído nuestros informes, sabría que las pruebas cada vez más abundantes de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos en Iraq, Afganistán, Guantánamo y lugares secretos en el resto del mundo no proceden sólo de los detenidos, sino también de investigaciones oficiales estadounidenses y de declaraciones de personal militar de Estados Unidos, de agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este amplísimo conjunto de pruebas no puede despreciarse como el producto de «antiamericanismo».

Como muy bien sabe el gobierno estadounidense, Guantánamo es sólo la punta del iceberg. En todo el mundo, se cree que miles de detenidos permanecen recluidos en detención secreta, indefinida o en régimen de incomunicación sin ser juzgados. Algunos han muerto en circunstancias que sugieren que fueron torturados hasta morir mientras estaban bajo custodia de Estados Unidos. Otros, al parecer, permanecen recluidos en manos de otros gobiernos con pésimos historiales de derechos humanos a instancias de Estados Unidos, o con su conocimiento. «Entrega extraordinaria»; éste es el término legal que se ha acuñado para disfrazar la subcontratación de la tortura. Lo que significa en la práctica es la entrega para interrogatorio de presuntos terroristas a países de los que se sabe que practican la tortura. Estas acciones no son solamente malas en si, sino que a través de ellas Estados Unidos transmite el mensaje de que aprueba la tortura y los malos tratos y que está dispuesto a ignorar a prácticas represivas cuando le conviene.

No es correcto decir que las denuncias de abusos cometidos por personal estadounidense son investigadas de forma exhaustiva y transparente, como ha afirmado el presidente Bush. Porque, aunque es cierto que, desde que salió a la luz el escándalo de las torturas de Abu Ghraib, algunas agencias gubernamentales estadounidenses han examinado las políticas y prácticas de detención e interrogatorio, ninguna de las investigaciones realizadas hasta la fecha ha sido plenamente independiente, ninguna ha tenido un mandato lo suficientemente amplio como para examinar los actos de todos los agentes gubernamentales, y la mayoría de las conclusiones se han declarado confidenciales. Ciertas prácticas permanecen aún envueltas en el secreto, como la presunta implicación de la CIA en detenciones secretas y entregas de detenidos a países con historiales de tortura. No se ha hecho rendir cuentas ni a uno solo de los altos cargos del gobierno estadounidense, y no se ha procesado ni a un solo agente de Estados Unidos en virtud de la Ley contra la Tortura o la Ley de Crímenes de Guerra, pese a las numerosas muertes de detenidos bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

El gobierno de Bush debe dejar de atacar al mensajero y empezar a abordar el mensaje, algo muy sencillo. Cerrar el campo de detención de Guantánamo y acusar a los detenidos en virtud de leyes estadounidenses ante tribunales estadounidenses, o de lo contrario ponerlos en libertad. Revelar dónde se encuentran los demás y llevar a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre las políticas y prácticas de detención e interrogatorio empleadas por Estados Unidos, incluidos la tortura y los malos tratos. Estados Unidos puede ser una poderosa fuerza para implantar el respeto por los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, hasta que empiece a respetar él mismo los derechos humanos y el Estado de derecho, su gobierno se verá privado de toda autoridad moral para criticar a otros. *

 

(*) Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (Exclusivo de IPS)