Justicia argentina niega extradición a guerrillero chileno

La justicia argentina resolvió rechazar el pedido del gobierno chileno para extraditar al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza Guerra, de 55 años, conocido como el Comandante Salvador.

El gobierno de Ricardo Lagos anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo del juez federal, Claudio Bonadío quien entendió que los delitos que le imputaban a Apablaza son de índole política, que Chile no guardó las normas procesales del pedido y que inició su encausamiento en ausencia, razones que no permiten la extradición, según la ley argentina. Sobre todo, Bonadío sostuvo que con las pruebas presentadas no era posible vincularlo directamente con un asesinato y secuestro base del pedido de extradición.

Entonces, Bonadío ordenó la libertad de un muy alegre «comandante Salvador» quien se reencontró con su esposa Paula Chain y tres hijos desde que fuera detenido en las inmediaciones de su casa de Moreno, en el Gran Buenos Aires, el 29 de noviembre, en un operativo que el Partido Comunista leyó como un renacimiento del Plan Cóndor. El ex integrante del FPMR con algo de sorna dijo hace poco que su detención en Argentina tuvo un lado positivo: pudo verse con su madre después de 30 años. Y en un artículo reconoció que su detención no fue violenta.

En rigor, las autoridades argentina actuaron de acuerdo a la demanda del gobierno de Chile por exigencia de sus tribunales que implicaron, a pesar de amplia documentación que la desvirtúa, a Apablaza como autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán y del secuestro del empresario Cristian Edwards, hijo del dueño de la empresa El Mercurio.

El secretario general del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, quien viajó aquí para seguir los tramos finales del caso, declaró que «es decisivo este juicio porque se trata de no cometer una nueva injusticia contra alguien que combatió contra la dictadura. Porque en Chile se han perpetrado numerosas iniquidades contra los que enfrentaron a la Pinochet, desde distintos puntos de vista: la falta de inserción en la sociedad, las condenas draconianas empujadas casi siempre por la justicia militar, en la reparación insuficiente de las víctimas y también se criminalizó la actividad política por parte de quienes enfrentaron a la tiranía».

Para el secretario del PC «todos los luchadores como Apablaza debieran tener un reconocimiento y no un enjuiciamiento. Existe ese reconocimiento en gran parte de la sociedad chilena, pero no así por parte de los gobiernos de la transición que los persiguió desde un comienzo y conculcó sus derechos. Nosotros queremos demostrar que no existen condiciones para enjuiciar a Apablaza en Chile. De ese modo, lo mejor sería que se rechace la extradición y que el gobierno argentino le otorgue el estatus de refugiado político».

Eso dependerá de lo que diga la Suprema Corte de Justicia que hace poco en un fallo muy cuestionado por la derecha, se opuso a la extradición del militante vasco, Jesús María Lariz Iriondo. Las dos decisiones judiciales hizo que el diario de negocios «Ambito Financiero», se preguntara si Argentina «¿ es el país santuario de terroristas extranjeros?».

En cambio, hace poco, varios diputados nacionales, encabezados por Patria Walsh, de Izquierda Unida, elevaron un pedido al gobierno de Néstor Kirchner para que se le otorgue el estatus de refugiado político a Apablaza. El escrito sostiene que » su vida transcurrió en la clandestinidad a partir de ser detenido y torturado en 1973. En 1975 fue expulsado de su país al que regresó en la década de los ochenta, en forma clandestina. Se le ha imputado de todas las acciones llevadas a cabo por el FPMR por haber sido miembro de su dirección. En esta oportunidad está acusado de dos hechos en los cuales no tuvo ninguna participación y en momentos en que su organización se había escindido en varios grupos; uno de ellos fue el que llevó a cabo los dos hechos por los cuales hoy se halla sometido a un proceso de extradición. Quienes participaron de ellos dijeron públicamente que Apablaza Guerra no había tenido ningún tipo de responsabilidad.

«De los recaudos de extradición surge claramente que el único motivo por el que se lo está requiriendo es por haber sido miembro de la dirección del FPMR. Ello indica claramente la motivación persecutoria del reclamo».

En su alegato final, Salvador, quien recibió instrucción militar en Cuba y participó en el derrocamiento de Anastasio Somoza en Nicaragua, subrayó: «he sido un ferviente opositor al régimen de Pinochet. Fui miembro de una organización que ejerció el legítimo derecho a la resistencia. Fui víctima de sus mazmorras y de sus atrocidades. Aún hoy sigo siendo perseguido por todo ello».

Y agregó: «Señor juez: le puedo asegurar que, en este largo andar, las únicas cicatrices de sangre que tengo son las de mis torturas y la de miles de compatriotas asesinados por la dictadura, para los cuales lamentablemente, la justicia parece aún lejana. Me honra haber sido parte de una generación que soñó transitar hacia un mundo de justicia y libertad. A pesar de todo el dolor y de las circunstancias especiales en los cuales me han tocado vivir, aun sigo creyendo en un nuevo mundo, libre de la injusticia social, de la miseria y pobreza es posible y cada vez más necesario».

El juez Bonadío rechazó los argumentos de la defensa de que los delitos estaban prescritos ni que en Chile existe riesgo de torturas. Pero tampoco aceptó el del abogado transandino, Gustavo Gene, que aseguró que en ese país, Apablaza recibiría un juicio con garantías.

Habrá que aguardar el fallo de la Corte. *