A tres años de la "masacre de Avellaneda" no avanza investigación

Esa masacre en las cercanías del Puente Pueyrredón que une a la Capital con Avellaneda, obligó al entonces gobierno de Eduardo Duhalde a anticipar las elecciones presidenciales que a la postre llevaron a Néstor Kirchner a la Rosada.

Sin embargo a cuarenta días desde que comenzó el juicio oral y público contra los ocho policías que son hasta el momento los únicos acusados por la Masacre de Avellaneda, el tribunal de Lomas de Zamora no da visos reales de querer avanzar en investigar las responsabilidades políticas por lo que ocurrió.

Por ello una multitud que cubrió el domingo el puente reiteró el mismo reclamo contra la represión que dejó dos muertos y 33 heridos con balas de plomo.

¿Qué mueve a las mensuales protestas de cortar el puente, a pesar de que desde el gobierno se adoptan medidas para impedirlo, por ser la policía desbordada? Frente a la teoría que sostiene que la represión fue sólo producto de un exceso policial, está la que afirma que fue un acto premeditado inducido por los servicios de inteligencia que sostenían esas horas y se repetía desde las altas esferas, que los «piqueteros» se aprestaban a «tomar el poder».

«A tres años estamos como al principio.

Todavía permanece instalada la versión de que Fanchiotti (el comisario que ordenó la represión) se puso loco.

Sigue reinando la impunidad y hay evidentemente una falta de voluntad política para que esto cambie», afirma Alberto Santillán, padre de uno de los asesinados.

Un documento preparado para el aniversario por numerosas entidades insiste en denunciar que los hechos del 26 de junio de 2002 fueron producto de un plan orquestado desde el poder político: «la Masacre de Avellaneda no fue un producto de un desborde policial. Duhalde junto con su plana mayor de funcionarios planificaron un preciso diagrama represivo en el que actuaron cinco fuerzas de seguridad del Estado».

 

Reclamos a Kirchner

Los reclamos y críticas alcanzan a Kirchner quien primero prometió a las organizaciones de desocupados crear una comisión investigadora y no cumplió, acaso por sus compromisos con Duhalde.

La bronca no se aplacó con el anuncio del Presidente de abrir los archivos de la SIDE (servicios secretos).

Según consignó el documento, el decreto de Kirchner «no sólo restringió la facultad de decidir sobre esos archivos a los tres jueces del tribunal, sino que también pasó por encima de los familiares y la querella impidiéndoles su acceso».

El texto sostiene: «El manto de impunidad que se tendió sobre los autores intelectuales y responsables políticos de la Masacre de Avellaneda continúa hoy, tres años después, tan vigente como desde el primer momento. Kirchner prometió justicia y garantizó impunidad». Una acusación muy fuerte.

«No desconocemos la actual defensa de los derechos humanos por nuestros 30 mil desaparecidos», dijo Hebe de Bonafini la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, respecto a la derogación de leyes de impunidad y procesos en marcha contra los responsables de las violaciones, pero «el Gobierno se olvida de los desaparecidos vivos. El hambre y la desocupación son flagelos que violan permanentemente los derechos humanos, y eso también es lo que reclamamos hoy, que se termine con esa impunidad». Otra dura acusación.

También se cumplió un año del asesinato del dirigente piquetero Martín «Oso» Cisneros. El crimen derivó en un reclamo ante la comisaría 24 del barrio La Boca, que desde el primer momento fue sindicada de cubrir al killer, un confidente.

La comisaría fue ocupada por los amigos y vecinos del dirigente social, entre los que se encontraba el diputado provincial y líder de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D’Elía. Una orden judicial de desalojo fue frenada por altos funcionarios, para evitar   se dijo entonces–que derivara en enfrentamientos sangrientos.

El soplón Juan Carlos Duarte está detenido por el asesinato a la espera de ser sometido a juicio oral y público. A D’Elía, un aliado de Kirchner en el movimiento social, el juez federal Jorge Urso, le imputó ocho delitos vinculados a la ocupación de la comisaría.

El crimen se produjo en circunstancias muy peculiares, ya que Cisneros fue muerto en su casa el mismo día en que se conmemoraba el segundo aniversario de los homicidios de Kosteki y Santillán.

La sospecha es que fue una provocación de la derecha para desestabilizar a Kirchner que en esas horas estaba de gira por China.

Son muertes con secuelas políticas de largo alcance. *