Murió el "carnicero de El Olimpo"

Fue base de su feudo, la comandancia del Primer Cuerpo de Ejército que lo tenía como cabeza de la megacausa actualmente en curso para ir al juicio oral y público.

Aunque permanecía recluido en una cárcel de presos comunes por distintas causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el represor zafó de una condena. «Debió morir condenado», fue la reacción de Noras de Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora). Desde el penal fue llevado al Hospital Militar, donde falleció poco después de ingresar.

Suárez Mason no gozaba del beneficio del arresto domiciliario pese a los 81 años de edad. La Justicia le había negado ese derecho cuando en 2004 concurrió a un club para festejar su cumpleaños. Violaba todo. El juez federal Daniel Rafecas, en tanto, se había negado el mes pasado a excarcelar a Suárez Mason porque consideró que existía peligro concreto de que se fugara.

Apodado «el carnicero de El Olimpo», en referencia a uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura, el ex general estaba preso por 254 secuestros y por la apropiación de hijos de desaparecidos. España, Italia y Alemania habían pedido su extradición por la desaparición forzosa y torturas a ciudadanos de esos países.

«Yo firmé entre 50 y 100 sentencias de muerte por día durante mucho tiempo», le dijo a un representante diplomático estadounidense en 1979, según un documento desclasificado hace algunos meses en Washington. Esa frase, en boca de Suárez Mason, era la de un hombre que se sabía dueño del destino de muchos otros. La dijo cuando era jefe del I Cuerpo del Ejército, cargo que ostentó entre 1976 y 1980. Eso a la luz del día. En las sombras, cuando participaba en los grupos de tareas, se hacía llamar «Pajarito» o «Sam».

También fue subjefe del Estado Mayor General del Ejército e interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPY) a la que vació dejándola en la ruina y fue una de las razones que invocó años más tarde Carlos Menem para venderla a Repsol de España.

Suárez Mason dijo en 1984, cuando comenzaban los procesos contra las cúpulas de las FFAA por violaciones a los derechos humanos: «Yo no quiero ser el pato de la boda». Y se fugó a los EEUU para eludir a la Justicia. Pero en 1987 fue detenido por Interpol y extraditado al año siguiente. Justo antes del juicio, Menem lo indultó en 1990. En el 2000, la Justicia italiana lo condenó a perpetua -en ausencia, como Francia al ex capitán de fragata Alfredo Astiz, estaba actualmente detenido, y la Justicia alemana reclamaba su extradición desde 2001.

 

Indultado por Menem

El indulto de Menem fue en 1989 a pesar de no estar condenado lo que pone en tela de juicio las razones que tuviera el entonces mandatario ya que esa gracia es factible para condenados. Era el de este represor salvaje uno de los casos que la Suprema Corte de Justicia podía declarar inconstitucional, ahora que el asunto de los indultos entró a los primeros planos. Así lo entendió el juez federal Claudio Bonadío primero y la Cámara Federal después declararon inconstitucional esa decisión de Menem.

Curiosamente era conocido por su pertenencia a las filas de la Unión Cívica Radical y activo integrante de la logia fascista Propaganda Due (P2) donde fraternizaba con otros connotados represores, como el ex almirante Eduardo Massera que vegeta en su departamento privado mientras está procesado por delitos varios. De la Logia P2 era integrante el ex embajador en Uruguay Guillermo de la Plaza y otros que aún están en el servicio exterior.

En 1951 huyó al Uruguay luego de haber fracasado un intento de golpe militar contra Juan Perón y vivió varios años exiliado en Montevideo donde regenteó do salas de cines.

Fanático del club de fútbol Argentinos Juniors, los socios lo despojaron de esa condición en enero de 1999. No le sirvió de nada acercarse hasta la asamblea en la que se debatía el caso y hablar con algunos dirigentes: en una noche caldeada, debió irse por una ventana.

La muerte lo encontró detenido por robo de bebés e investigado principalmente por la desaparición de una veintena de militantes montoneros y de varias otras en el exterior y cuando por la decisión de la Corte de declarar inconstitucionales las leyes de impunidad, se le venía encima el juicio oral y público.

Pero, como señaló Nora Cortiñas, la Justicia es siempre lenta. Según La Nación, algún estado de ánimo adverso a los procesos se observa dentro del Ejército.

Pero «el escenario que tienen los militares y la Casa Rosada indica que se tardará años en emitir alguna sentencia de primera instancia contra un militar acusado de crímenes en la dictadura. La incertidumbre podría dominar el panorama al menos hasta 2010″, escribe el diario.

Se supone que no menos de 400 uniformados irán a los juicios y la estimación del Ejército es que unos 20 generales y coroneles en actividad serán llamados a declarar en diferentes tribunales, pese a que ya un puñado de ellos ya está detenido. *