Reclamaron derogar indultos de  Menem que favorecieron a dictadores

Es que el reclamo se acelera tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, consideró que «el camino judicial es el más idóneo» para «descalificarlos».

«La misma lógica jurídica que se aplicó para descalificar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final debería aplicarse para los indultos, ya hay planteos judiciales y el ámbito judicial debería ser el ideal para descalificarlos», piensa el ministro quien no descartó que «se puedan analizar otras alternativas».

Si el indulto, una prerrogativa de herencia feudal que la carta magna otorga al Presidente, se concreta por decreto, otro decreto, en este caso firmado por Néstor Kirchner, puede dejarlos sin efecto, piensa Rosatti, casi en voz alta porque no tienen claro como lo harán, pero temprano o tarde la anulación cae de maduro incluso para seguir adelante con los procesos a mas de 126 militares actualmente detenidos y con la rápida perspectiva del inicio de juicios oral y público que podrían extenderse contra otros 400 adicionales.

La derecha está que rabia por la decisión de los Supremos y más aún con la perspectiva de anular los indultos. Algunos líderes de lo que fue la guerrilla Montoneros, como Eduardo Firmenich, recibieron la gracia de Carlos Menem y, claro, legisladores de derecha como el demócrata progresista Alberto Natale, reclamó por TV el procesamientos de los milicianos de los ’70, los de veta peronista, católica o marxista.

Rosatti saliendo al cruce de las objeciones destacó que si bien evaluó que, ante una anulación de los indultos, habría que aplicar el principio de igualdad ante la ley para el juzgamiento de los beneficiados por la controvertida medida, destacó que «de todas formas son cosas muy distintas el terrorismo de Estado y el ejercicio de la violencia que, sólo en algunos casos, puede encuadrarse» como resistencia a una autoridad ilegítima.

 

La Corte podría declararlos inconstitucionales

La misma Corte en un acordada reciente a propósito del reclamo de España para que se extradite a un dirigente vasco acusado de ser integrante de ETA, dejó establecido el principio de que no son equivalentes la violencia Estatal con la de resistencia política.

Aparentemente algunos funcionarios no quisieran quitarle a Kirchner esa gracia feudal, pero el ministro opinó que «para los delitos de lesa humanidad» es una facultad «inconstitucional a partir de la reforma de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales», y dijo que esa limitación «debería ser resuelta por un tribunal de Justicia».

La del indulto «es una institución que debería ser reformada», admitió, pero señaló, al mismo tiempo, que por ser parte de la Constitución su modificación debería resolverse en una reforma de la Carta Magna.

Al coro reparador se sumó el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini. El militar se pronunció por la derogación y añadió: «Yo ya lo expresé muchas veces: hay que juzgar y condenar a los responsables, no sea cosa que vayan presos los subtenientes y los de mayor jerarquía queden en libertad».

La posición del jefe militar fue avalada por el ministro de Defensa, José Pampuro, quien expresó: «Yo opino lo mismo que Bendini. Habría que derogar los indultos. Que los máximos responsables estén indultados y que quienes recibieron órdenes sean juzgados, es una anormalidad. Sería coherente desindultar», insistió

Como con las leyes de impunidad, ya hay en la política y en el Poder Judicial, anticipó favorables a la derogación. Casi todas las cámaras federales los han declarado ya inconstitucionales. Casi todos lo hicieron con argumentos similares, en principio, aplicables al debate iniciado. Es así que los supremos pueden esperar que lleguen a sus despachos algunas de las causas sobre derechos humanos.

Con todo, pueden tomar la iniciativa porque en el más alto tribunal está el expediente sobre la desaparición en tiempos del terror de ciudadanos alemanes por lo que Berlín reclama la extradición de generales que fueron indultados aunque estén detenidos ahora por otras causas no contempladas en esa gracia presidencial ni en las leyes de impunidad. Es decir que hay un caso testigo por el cual la Corte puede ya abocarse a declarar a los indultos como inconstitucionales.

La diputada de Izquierda Unida, Patricia Waslh, de papel destacado en la anulación de las leyes de impunidad, que mereció horas atrás el reconocimiento público de la líder del ARI, Elisa Carrió, pidió una sesión especial para el martes de la cámara baja para derogar los indultos. Hasta ahora, esa legisladora con algunos acompañamientos no logró reunir el quórum necesario para sesionar.

Ahora algo importante ha ocurrido y todo puede ocurrir. *