Fin de la amnistía aleja también las extradiciones

La anulación de las leyes de amnistía a militares de la última dictadura, cierra una página negra en Argentina, pero esta histórica decisión aleja también toda perspectiva de extradición de represores, reclamados por Francia, España, Alemania e Italia.

Al declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987) que habían exculpado a un millar de militares, la Corte Suprema argentina puso un punto final a todos los esfuerzos esgrimidos por los represores durante más de 20 años para eludir a la justicia.

«Es el fin de la impunidad en Argentina», se entusiasmó el presidente Néstor Kirchner, tras conocerse el fallo el martes. «La democracia está definitivamente consolidada», estimó de su lado el ex presidente socialdemócrata Raúl Alfonsín, en una columna publicada ayer en el diario La Nación. Alfonsín fue el mentor del histórico juicio a las juntas de comandantes en 1985, en el que los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua, pero luego, bajo presión militar, impulsó las leyes de amnistía.

La anulación definitiva de las leyes permite la reapertura de centenares de procesos contra militares, retirados o en actividad, acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según los organismos de derechos humanos. «Ahora todos los militares que torturaron y participaron de las desapariciones bajo el régimen, deberán sentarse frente a un juez y decir lo que ocurrió», se entusiasmó el martes Estela Carlotto, presidenta del emblemático organismo Abuelas de Plaza de Mayo. Pero precisamente esta posibilidad de juzgar a los represores en su país es lo que aleja toda perspectiva de su extradición a varios países europeos. Desde su asunción en mayo de 2003, el presidente Kirchner suprimió un decreto que frenaba automáticamente la extradición de militares argentinos, pero nunca ocultó que prefería que se hiciera justicia en Argentina. *