Ocaso de la impunidad en Argentina

En tanto, desde la derecha las objeciones a la decisión de los supremos quieren hacer creer que ponen en riesgo la seguridad jurídica y que supeditan la ley, por caso aquello de cosa juzgada, a los tratados internacionales, como queriendo confundir a los despistados. La Argentina, por obra de la reforma constitucional de 1994, introdujo en la carta magna, la supremacía de los acuerdos internacionales, entre ellos los de Derechos Humanos, a los que adhiera el país.

No habrá que aguardar citaciones en masa de inmediato, ni tampoco reacciones adversas en el seno de las FFAA, sostuvieron los analistas empapados con la realidad militar. Lo que no quiere decir que no se reactive la campaña de rumores que tienen como usinas a varios foros de uniformados jubilados, páginas web que controlan ex integrantes de servicios secretos o una cadena de e-mails en busca de generar inquietud donde no hay.

La Corte, el martes, dio otro paso más: convalidó la anulación por el Parlamento de las leyes de impunidad, y este es uno de los temas que abruman a los analistas empapados con las ideas de la derecha: es la que generará dudas sobre la seguridad jurídica omitiendo que se trataba de leyes impuestas por la fuerza en los tumultuosos finales de los ’80 frente a rebeliones militares, y sobre todo que se trata de delitos de lesa humanidad que la misma Corte, incluso con otra composición, declaró como delitos imprescriptibles.

 

Una opinión del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró ayer que el gobierno «fue promotor de la idea de terminar con la impunidad», lo que luce como un juicio que desconoce la larga lucha de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el trabajo sistemático de letrados que encontraron rendijas donde parecía que no las había, sentencias de varios jueces e incluso, el histórico fallo «culmina también una serie de decisiones anteriores de la Corte, aun con su conformación anterior, acerca de la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre la legislación interna y la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos (falladas en numerosas causas) y la obligatoriedad de la Corte Internacional (sostenida con otros casos)», subraya en Página/12 su columnista, Horacio Verbitsky.

Sería necio de cualquier lugar negarle a Néstor Kirchner el impulso que otorgó para que el fallo del martes ocurriera, desde la remoción de supremos inmorales por la vía legal, como la designación de sus reemplazos por un sistema inédito de consultas. Pero del mismo modo es politiquería sostener que con la actual administración se inaugura el camino hacia acabar con la impunidad, tentación en que cayó el propio Kirchner el 24 de marzo de 2004, cuando concretó el desalojo de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde se trabaja ahora por un museo de la Memoria.

El jefe de ministros afirmó además que «la mejor forma de superar una etapa es ponerle fin a la impunidad, este es un paso central para que sean juzgados y castigados los responsables». Y habló del fallo como «una necesidad argentina».

«Cada uno debe cargar con la culpa que le incumba. Ahora hay jueces independientes que juzgarán a los que hicieron delitos», sentenció.

La Corte no abrió juicio sobre los indultos dictados por Carlos Menem a finales de 1990, por el cual se liberó a todos los condenados por los tribunales impulsados por Raúl Alfonsín a fines de 1983 y envió a cadena perpetua a casi toda la cúpula de la dictadura. Muchos de los beneficiados por esa norma siguen detenidos y procesados por otras causas, como la de robo de bebés en cautiverio.

Lo decidido por la Corte no modifica en nada la condena en España del represor naval capitán Adolfo Scilingo, ni la situación procesal de otro marino: el capitán Ricardo Manuel Cavallo, los dos ex integrante de la ESMA represora.

 

El futuro de los indultos  de Menem

Derogar los indultos por el Parlamento es una tarea que capitanea primero en soledad y ahora no tanto, la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, pero el peronismo se niega darle quórum a las sesiones especiales convocadas para acabar con esa contradicción. Con respecto a esa posibilidad, el jefe de ministros bajó el tono: «Nunca he hablado el tema de los indultos con el Presidente y no sé si es factible jurídicamente». Es decir, no hay luz verde para el reclamo parlamentario.

Sobre las FFAA, Fernández subrayó que «los militares que están en actividad son democráticos y quieren dar vuelta esta página de la historia. Los que están preocupados son los que están afuera», estimó. Con todo, se sabe que un número que va de 10 a 20 uniformados activos podría ser citado por los jueces que ya tienen avanzados los expedientes en varias megacausas de los años del terror.

El fallo de la Corte, que salió con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, aclaró que quienes habían sido beneficiados por esas normas tampoco podrán ampararse en el principio de «cosa juzgada» para evitar otro juicio. Cada escrito merecerá, es temprano aún, un detallado análisis, sostienen los especialistas.

Pero todas las opiniones de los siete supremos fueron claras en lo fundamental que ahora dispararía al menos 400 juicios contra represores.

Hay en construcción cárceles especiales para los que deban permanecer presos o sean condenados, pero hay reservas que esos edificios sean construidos en cuarteles que pueden convertirse en lugares de peregrinación de amigos y familiares. Habrá reclamos al respecto.

El diario de negocios «Ambito Financiero», al que nada le gustó lo de la Corte, debió sostener que con la sentencia del martes, «la Justicia argentina se pone a la vanguardia de los derechos humanos en el mundo». Ojalá se mantenga. *