Ex militares y civiles detenidos por corrupción

Los ex oficiales  José Santos Fortuna Neves, del Ejército de tierra, y Arlindo Gerardo Molina Gonçalves, de la Marina  son sospechosos de haber contratado a dos civiles, Carlos Mancuso Vilela y Joel Santos, para realizar la operación ilegal del pago de coima a un funcionario de Correos, precisó un portavoz policial a la AFP.

Los detenidos, que pueden ser acusados de «corrupción activa y asociación para delinquir», habrían sido también los autores de la filmación que desató el escándalo, divulgado por la revista veja en mayo.

En ese video se ve al administrador del Departamento de Contratación de Material de los Correos, Mauricio Marinho, recibiendo un fajo de 3.000 reales (1.200 dólares) de un empresario interesado en ganar una licitación.

Allí Marinho le asegura a su interlocutor que la operación cuenta con el aval del presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, aliado del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula determinó esta semana la dimisión de toda la plana mayor de los Correos, así como la del Instituto de Reaseguros Brasileño (IRB), otra estatal acusada de haber desviado dinero para el PTB.

El caso Correos dio lugar a una investigación parlamentaria (con amplios poderes judiciales).

Según un reportaje del diario O Globo, dos grupos se oponían en los Correos por el control de las licitaciones, uno dirigido por el PTB y otro por el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro), este último también de la base aliada del gobierno.

Los ex militares detenidos deben ser trasladados a un cuartel, en espera de que se decida si se les abre proceso.

El Congreso brasileño abrió ayer jueves su primera investigación oficial sobre corrupción en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Una comisión parlamentaria de investigación (CPI) de ambas Cámaras se instaló al final de la tarde, para tratar de aclarar una denuncia de coimas en los Correos, la primera de una serie de acusaciones que abrió la que comienza a ser considerada la peor crisis política en los dos años y medio de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

El PT -que teme que la comisión se convierta en un palco electoral para la oposición a poco más de un año de los comicios presidenciales y legislativos de 2006- ha conseguido hasta el momento que la investigación se centre en las denuncias de corrupción en Correos, poniendo así una barrera formal a otras denuncias que están aflorando.

Los aliados del gobierno ocuparán 19 de los 32 puestos de la CPI.

El caso estalló cuando la revista Veja divulgó a mediados de mayo un video que muestra a un director de los Correos aceptando un fajo de 3.000 reales (unos 1.200 dólares) de un empresario interesado en una licitación, a quien le explica que la operación cuenta con la connivencia del presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, aliado del PT.

Las CPI son poderosos instrumentos que tienen la atribución de ordenar el levantamiento del secreto bancario, fiscal y telefónico de personas sospechosas, con un fuerte impacto social y político. En 1992, un procedimiento de ese tipo condujo a un juicio de destitución y a la renuncia del presidente Fernando Color de Mello.

El PT quiso mantener las denuncias en el marco de una investigación policial, pese a que numerosos legisladores, incluso de su partido y aliados, apoyaban la propuesta de CPI.

Pero tuvo que dar su brazo a torcer ante el surgimiento de nuevas denuncias.

Primero, Veja publicó que un ex presidente del estatal Instituto Brasileño de Reaseguros (IRB) fue presionado para entregar 400.000 reales (166.000 dólares) mensuales al PTB de Jefferson.

Y Jefferson, repentinamente, denunció en una entrevista publicada el lunes en el diario Folha de Sao Paulo que el PT había pagado durante dos años mensualidades de 12.500 dólares a varios diputados de dos partidos aliados para asegurarse su fidelidad en el Congreso.

Esas revelaciones impactaron de lleno en los mercados. La Bolsa de Sao Paulo acumuló una contracción de 6,31% en las tres primeras sesiones de la semana y el real perdió cerca de 1,5% de su valor frente al dólar. La oposición pide ahora la formación de otra CPI, para investigar las presuntas mensualidades del PT a partidos aliados, y el propio Jefferson dice que está dispuesto a hacer más denuncias. *