Bolivianos dejan claro que seguirán protestas por nacionalización del gas

Lejos de deponer sus protestas, los distintos grupos que manifiestan en La Paz y en el resto de Bolivia reaccionaron con desconfianza a la renuncia de Mesa y recordaron que en las más de tres semanas de marchas no se ha atendido la demanda principal que es la nacionalización de hidrocarburos.

El pasado 17 de mayo el Congreso aprobó una ley que otorga mayor control al Estado boliviano sobre sus hidrocarburos.

Sin embargo, los sectores más beligerantes en las protestas (como la poderosa Central Obrera Boliviana, COB o el grupo político del influyente dirigente cocalero Evo Morales) piden la nacionalización del valioso recurso del gas, con una reserva de cerca 50 trillones de pies cúbicos.

La ley petrolera mantiene un 18% de regalías para el Estado sobre lo recursos y aumenta el impuesto de 16% a un 32% no deducible.

Además recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y obliga a las petroleras a pasar obligatoriamente de un régimen de riesgo compartido a otro de producción y ganancias compartidas.

Para Abel Mamani, presidente de la beligerante Federación de Juntas Vecinales de El Alto (población cercana a La Paz con una gran capacidad de movilización), la renuncia de Mesa «es una táctica para desmovilizarnos».

«Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que nuestras demandas son nacionales y continuaremos exigiendo que se cumplan», añadió. Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB, señaló que ese sindicato seguirá movilizado a la espera de la decisión del Congreso sobre la renuncia de Mesa.

«Pero continuaremos insistiendo en la nacionalización de los hidrocarburos», señaló Solares.

Miguel Zubieta, dirigente de los mineros sindicalizados, señaló por su parte que «para nosotros la renuncia del presidente es irrelevante. Ahora los bolivianos estamos unidos en torno al objetivo de nacionalizar los hidrocarburos. Por esa razón, no se levantará la lucha de los bolivianos».

Para el analista político Carlos Cordero, entre los distintos movimientos sociales de protesta hay varias demandas sectoriales y particulares «pero hay un denominador común en todos ellos que se ha convertido en el más importante: es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos o la segunda guerra del gas». «Tal vez de lo que no nos hemos percatado es que en realidad algunos movimientos sociales han estado en la estrategia de deslegitimar al Estado boliviano y arrinconarlo, lo que ha sido terriblemente exitoso», añadió.

Y explica el hecho de que han modificado sus peticiones (por ejemplo Evo Morales pedía un aumento de hasta 50% de los impuestos a las petroleras y ahora demanda nacionalización) «porque una vez una demanda era satisfecha inmediatamente pasaban a otra demanda más complicada y difícil de cumplir».

Para el analista político Alvaro García, en los últimos días se ha visto «un proceso de radicalización de las movilizaciones, pues hasta hace dos semanas había dos grandes bloques: los moderados, con un proceso de recuperación de los hidrocarburos, y los radicales, con la nacionalización de los hidrocarburos».

«Los últimos quince días, la consigna de nacionalización ha ganado, que es la mayoría de los movimientos sociales. También han logrado la ocupación territorial del país», añade.

García indica que a nivel político los sectores de protesta no se ponen de acuerdo -se ha pedido la salida del presidente, el cierre de Congreso la prioridad a la Asamblea Constituyente, el referendo autonómico- pero en cambio hay unidad en torno al tema petrolero.

«La consigna de nacionalización es nacional, aunque en las salidas políticas no hay unificación», concluyó García.

Un vecino, encargado de la guardia, ve acercarse un grupo grande de manifestantes y de inmediato da aviso a los miembros de su barrio, que en minutos salen y se plantan delante de sus casas para prevenir que haya saqueos o desbordes que los pongan en peligro.

En La Paz, bloqueada por manifestaciones y cortes de calles, vecinos de algunos barrios se han visto obligados a organizar comités de defensa ante la posibilidad de eventuales desbordes sociales de manifestantes radicalizados y la ausencia manifiesta de policías y militares, concentrados en la defensa de los lugares estratégicos de la ciudad. Y es que el temor, acompañado de rumores sobre saqueos posibles o violencia abunda en La Paz, una ciudad sitiada por las protestas y que vive una emergencia por la falta de abastecimiento de combustibles y víveres.

Ese temor en la población crece a medida que las calles de la ciudad son invadidas por miles de manifestantes que ingresan haciendo explotar fulminantes de dinamita que estremecen ventanas, puertas y causan pánico en la población que prefiere esconderse en sus casas o cerrar sus comercios.

Este martes, cientos de mineros que llegaron a la ciudad en camiones obligaron a los comités de defensa de La Paz a hacer funcionar sus mecanismos para estar atentos ante un eventual ataque de los manifestantes. *