Bolivia redobla esfuerzos por una salida a su profunda crisis social

La decisión congresal de intentar labrar consensos sobre los dos temas que dividen a los bolivianos, asamblea constituyente y referendo sobre autonomías, no alcanzó para atenuar las protestas sociales que arreciaban en todo el país.

Los legisladores ahondaron la situación al no incluir en su agenda el pedido de nacionalización de los hidrocarburos, demanda por la cual un paro del transporte paralizó La Paz y campesinos cortan rutas en al menos cinco departamentos (provincias).

Los bloqueos de las carreteras mantienen virtualmente incomunicada a Bolivia con Perú, Chile, Argentina y Paraguay. En el interior del país se han detectado 41 cortes campesinos en rutas interdepartamentales (interprovinciales) y caminos secundarios.

En un episodio que conmovió al país, un fuerte ataque a golpes de palos y piedras de miembros de una organización cívica juvenil de Santa Cruz a manifestantes indígenas que pedían estatizar el gas natural, puso sobre el tapete el tema de una sorda lucha de clases, que el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, deploró como una expresión racista y xenófoba.

El líder cocalero Evo Morales tildó de paramilitares a los atacantes. La profunda polarización regional, que divide las aguas entre autonomistas (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y asambleístas (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro), hacía también temer a la Iglesia católica «el riesgo de lamentar pérdidas humanas».

La convulsa situación pareció escapársele de las manos al presidente Carlos Mesa que admitió dramáticamente durante un encuentro de dueños de diarios, que la actual «no es una crisis de coyuntura, no es una crisis de personas o de momento, es una crisis de Estado».

«Una crisis de Estado quiere decir: el momento en que, por diversas razones, todas las instituciones y los instrumentos que hacían funcionar a nuestra sociedad están en cuestión, están debilitadas, han perdido legitimidad, y han perdido los elementos de cohesión que permiten que como comunidad seamos capaces de vivir de manera tolerante y civilizada», reconoció.

En el hilo del análisis, Mesa concluyó que con una crisis semejante «el riesgo de una solución violenta es extremadamente alto», y que por ello se tiene que entender que las «respuestas tienen que ser estructurales y de largo plazo».

Los empresarios de Santa Cruz interpretaron que la situación reviste tal magnitud que Mesa «debe renunciar para dar paso a una salida democrática que nos permita superar la gravísima confrontación que vive el país».

Por su inacción sobre los temas centrales de la candente agenda boliviana, Mesa «está generando confrontación y división en la sociedad boliviana, que de continuar así conducirá inexorablemente a la destrucción de Bolivia», estimaron los empresarios que ven que el país transcurre por «un callejón sin salida».

Estados Unidos alertó en tanto a sus ciudadanos sobre los continuos disturbios en Bolivia. El Departamento de Estado pidió a quienes residen o viajan al país andino «estar al tanto de que varios grupos dentro de Bolivia han realizado protestas, manifestaciones y bloqueos desde el 16 de mayo para protestar la política de hidrocarburos» del gobierno de La Paz.

El consulado argentino puso a su vez a disposición de sus connacionales un número telefónico al cual comunicarse en caso de urgencia ante el pedido de la disolución del Congreso, la renuncia del presidente Mesa, un referendo sobre la autonomía regional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Por el momento, el gobierno rechazó una eventual mediación de la comunidad internacional en su crisis social, luego de que Estados Unidos sugirió que el asunto sea discutido en la próxima asamblea de la OEA, en Fort Lauderdale. *