Juez rechaza citar a López Obrador

El enredo jurídico del caso contra López Obrador, acusado de desacato, volvió por lo tanto al punto de partida, pero esta vez la Procuraduría Federal dio indicios de que podría enterrar el caso, y lo antes posible.

El juez Juan José Olvera, que recibió los cargos contra el popular alcalde de la capital mexicana el pasado miércoles, tardó menos de 48 horas en declararse incompetente, por vicios de forma.

El magistrado decidió, en un nuevo giro rocambolesco, que la fianza que presentaron dos diputados adversarios de López Obrador no se apegaba a derecho, puesto que fue recibida por la Procuraduría sin que aún estuviera el acusado a disposición judicial.

López Obrador está acusado de desacato, por no haber detenido a tiempo unas obras de acceso a un hospital.

Al aceptar la fianza, la Procuraduría «dispuso de la libertad personal del citado indiciado (López Obrador), sin que estuviera (…) a su disposición, pues al otorgar dicha libertad, Andrés Manuel López Obrador no estaba (aún) detenido», señaló el juez.

La fianza fue aceptada el miércoles, horas antes de que la Procuraduría presentara los cargos, en una confusa maniobra que despertó suspicacias entre observadores políticos.

Esa fianza modificó el expediente, y en lugar de pedir la detención del alcalde, la Procuraduría pidió solamente que el juez lo citara a declarar.

El juez Olvera no asumió el riesgo de examinar si la fianza era correcta jurídicamente, y ordenó de plano «devolver de inmediato al Ministerio Público (Procuraduría) tanto los expedientes de la causa penal (…), como el billete de depósito que exhibieron terceras personas para garantizar la libertad caucional del indiciado».

Los diputados que presentaron la fianza, del partido Acción Nacional (PAN), de Fox, habían asegurado que querían garantizarle a López Obrador el derecho a defenderse en libertad, para que «no se haga la víctima».

López Obrador, que encabeza regularmente los sondeos de popularidad política, tildó la maniobra de «cobardía» y rechazó al día siguiente la fianza en un escrito presentado ante el juez.

El alcalde ha alegado desde hace meses que todo el proceso estaba viciado desde el principio, y que era una maniobra para apartarlo de la carrera presidencial de julio de 2006.

Por su parte, el gobierno aseguró que no quería interferir en las aspiraciones políticas de López Obrador, pero que había que dejar hablar a la Justicia.

Tras declararse el juez incompetente, el subprocurador encargado del caso, Javier Vega, no tardó ni dos horas en convocar a la prensa, ya en la madrugada del sábado.

El subprocurador señaló que su institución tiene dos alternativas: o apelar la decisión del juez, o corregir de nuevo, y pedir esta vez directamente la detención del alcalde.

«Lo más fácil sería para nosotros ir por lo ortodoxo (…): pedir la orden de aprehensión», dijo Vega.

Sin embargo, la Procuraduría «es una institución de buena fe», así que analizará con calma el expediente de nuevo, aseguró.

El gobierno de Fox ha dado ya en los últimos días numerosas muestras de querer resolver el caso antes de que se convirtiera en un escándalo, con López Obrador detrás de las rejas y reclamando sus derechos políticos. *