A veinte años, juicio a dictadores sentó bases de Corte Internacional

Abramovich, un abogado egresado del American University del Washington College Of Law, está postulado por el Estado argentino para ocupar uno de los tres cargos renovables en junio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«El juicio fue un símbolo del modelo de transición argentino y marcó un camino, más allá de las leyes de amnistía posteriores, cuando el debate en América Latina era hasta dónde se puede llegar con la justicia a la salida de regímenes autoritarios», aseguró.

Abramovich también es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos más activos del movimiento de derechos humanos del país.

El dirigente humanitario destacó la importancia del juzgamiento de los miembros de las Juntas Militares para saber qué había sucedido en esa tenebrosa etapa del país (1976/83).

«Para la historia de la dictadura el juicio fue muy importante como mecanismo para terminar de reconocer la verdad de los hechos. Demostró que uno puede escribir 20 informes, pero un juicio público, con audiencias, con testigos, se convierte en un elemento de verdad irrefutable», señaló.

El testimonio de las víctimas «tornó muy minoritarias las posiciones que negaban esos hechos y eso es muy importante en términos políticos, de narración de la historia del terrorismo de Estado», añadió.

Afirmó que «a nivel jurídico y como precedente internacional también fue muy valioso. Luego del Juicio de Nuremberg (a jerarcas nazis), que fue un tribunal internacional, creo que no tiene antecedentes a nivel de tribunales locales».

«También sentó el precedente importantísimo de poder juzgar crímenes atroces, pero no sólo a los autores directos, sino a los responsables ideológicos de planes sistemáticos de violaciones a los derechos humanos», dijo el dirigente.

Explicó que «si uno mira el desarrollo del derecho penal internacional que concluye con el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), cuando se pensaron mecanismos de juzgamiento, el juicio a las Juntas tuvo un rol central».

«Por algo el actual fiscal de la CPI es Luis Moreno Ocampo», apuntó, en referencia al adjunto del fiscal Julio César Strassera en el histórico juicio que finalizó en agosto de 1985.

El abogado señaló que el debate sobre hasta dónde llegar con los juicios sigue vigente en América latina (caso de Colombia) y en otros países como la ex Yugoslavia y Ruanda.

«Hay un debate abierto a nivel internacional en los casos de crímenes de lesa humanidad. Los especialistas se preguntan… ¿si no es posible juzgar a todos, por dónde cortar?. ¿Cuál es lo mínimo que debe ser juzgado?. Y no llegan a ninguna respuesta. Yo tampoco tengo una respuesta», admitió.

El 9 de diciembre de aquel año, el Tribunal condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a cadena perpetua, mientras que Orlando Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini fueron sentenciados a 4, 17 y 8 años de prisión, respectivamente. Los tres últimos han fallecido.

Videla cumple actualmente prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años acusado del robo sistemático de bebés, un delito que también mantuvo confinado en su casa a Massera hasta las últimas semanas, cuando la justicia lo declaró demente y archivó sus causas.

La lucha por la justicia no tuvo un camino lineal en Argentina, ya que la presión militar durante el gobierno radical socialdemócrata de Raúl Alfonsín (1983/89) terminó con la sanción de las leyes de amnistía de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a un millar de represores.

El panorama se ensombreció más aún entre 1989 y 1990 con los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem (1989/99).

Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner (mayo 2003) –joven militante de la izquierda peronista en los años 70 que sufrió la represión en la universidad– abogó por terminar con la impunidad y apoyó en el Congreso la nulidad de las leyes de amnistía.

La constitucionalidad de esas normas debe ser decidida ahora por la Corte Suprema de Justicia, que fue sometida por Kirchner a una profunda depuración.

«Es interesante ver cómo Argentina empezó con un proceso de justicia que después cerró con leyes de impunidad, pero la demanda de las víctimas y de otros sectores sociales, sumada a la presión internacional, obligaron a reabrir las causas 20 años después», dijo Abramovich. *