López Obrador apunta sus baterías

«Voy a recorrer el país (…) porque no podemos permitir todas estas ‘chicanadas’ (trampas) de no consignar al juez hasta que ellos consideren que les conviene», dijo la noche del viernes López Obrador.

El periplo, programado inicialmente por seis ciudades del oeste, centro, sur y sureste de México, fue anunciado luego de que la Procuraduría General (PGR) aplazó indefinidamente la presentación de cargos contra el alcalde capitalino, en tanto la Suprema Corte del país no resuelva una controversia al respecto.

La Corte mexicana aceptó revisar una controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa de la ciudad de México, y será esa instancia la que decida si la Cámara de Diputados tiene facultades para quitarle el fuero al alcalde, tal y como sucedió el pasado jueves 7 de abril.

«Será una decisión histórica por parte de la Corte, y sin duda esto va a beneficiar no sólo a Andrés Manuel, sino a todo el sistema jurídico de la ciudad y del país», dijo a la AFP el diputado capitalino Francisco Chiguill, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de López Obrador.

Según los tiempos promedio de la judicatura mexicana, la resolución sobre la controversia podría ser emitida por la Corte entre julio y agosto próximos, reveló el ayer el diario Reforma.

Ante ese escenario, la situación jurídica del alcalde se mantiene en suspenso, y lo mismo sucede con sus actividades políticas.

Según la Cámara de Diputados, López Obrador está cesado de su cargo, y a pesar de sus intenciones manifiestas de ser presidente, bajo las normas de su partido, es tan sólo un precandidato más.

Otro de los problemas que enfrenta el desaforado alcalde, acusado por la Procuraduría de desacato, es que en México el principio de «presunción de inocencia» no figura en ninguna ley.

«No es un principio expreso, pero la Corte ha dictado resoluciones donde dice que se trata de un principio implícito», explicó Jaime Cárdenas, especialista del Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el artículo 38 de la Constitución mexicana, los derechos de los ciudadanos, entre los que se incluye votar y ser votado, se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal, «a contar desde la fecha del auto de formal prisión».

Se trata de «una aberración jurídica, anacrónica y absurda, que incluso viola los tratados internacionales que México ha signado sin reservas», agregó el académico.

La Convención Americana sobre derechos humanos, establece «que es con la sentencia (de culpabilidad) con lo que se pierden estos derechos, porque de otra manera se violaría el principio de presunción de inocencia», apunta Jaime Cárdenas. *