Anularán decreto de control de información

Kirchner se encuentra en Alemania en busca de apoyo a sus nuevos roces con el FMI, respaldo para que el G7, que integran los países más fuertes económicamente, le de el OK al canje de la deuda externa y dejar un mensaje positivo a los inversores privados

Desde allí hizo saber por la agencia estatal Télam esa decisión. La norma había generado un enérgico rechazo desde todos los sectores por la amenaza que supone para los derechos civiles.

La polémica estalló tras una nota publicada el domingo en Página/12. De acuerdo con la norma, quedarán archivados en registros privados los sitios visitados y los contenidos del correo electrónico y chats de los usuarios, información que puede pasar a manos de los servicios secretos del Estado si media una orden judicial.

«Es una violación del derecho a la intimidad, es un allanamiento sin orden judicial que lo justifique. Los organismos técnicos y legales del Gobierno tuvieron todo un año para analizar la ley. Pero en todo caso, lo que hicieron fue hacer más represiva la norma…», afirmó el constitucionalista Daniel Sabsay.

El derecho a la intimidad:

«Esta norma da vuelta el principio de presunción de inocencia. Ahora somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Me parece realmente muy perverso… Estas leyes son tratadas dentro en un paquete de fin de año y sobre tablas», completó Sabsay.

Cuando se aprobó, la ley fue presentada con un título que se refería sólo a las comunicaciones móviles, como una ayuda para investigar los secuestros extorsivos para los que se usaban teléfonos celulares.

Justo ayer un tribunal de alzada, en un caso privado dictaminó que «la invulnerabilidad de los e-mails, y todo lo que se entienda por ella, era y sigue siendo una regla capital para el desenvolvimiento del derecho de autonomía o autodeterminación personal en un Estado constitucional y democrático de derecho».

El abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia penal contra el presidente; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el de Planificación Federal, Julio De Vido, por considerar que al dictar el decreto que reglamentó la cuestionada ley, incurrieron en los delitos de violación de secretos, violación de correspondencia por autor calificado, revelación y divulgación de secretos, actuaciones y documentos, y abuso de autoridad.

La difusión de los alcances de la normativa dictada por la administración Kirchner también causó un fuerte malestar en el bloque peronista de la Cámara de Diputados, que preside José María Díaz Bancalari (autor de la cuestionada ley). «La culpa de todo esto la tiene la reglamentación. Nadie votó esa ley pensando en intervenir las comunicaciones personales de la gente o en tener un registro de cada mail o chat», afirmaron voceros de la bancada.

 

¿Y el control del Parlamento?

También mereció la crítica de la oposición. El socialista Jorge Rivas denunció que la ley viola el derecho a la privacidad de los ciudadanos contemplado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.

En la misma sintonía, la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase) presentó un recurso de amparo en el que pide que la criticada ley sea declarada inconstitucional.

El eje de la polémica es el decreto reglamentario de la ley cuestionada que en su artículo 1° define como telecomunicaciones a «toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, cable eléctrico, atmósfera, radioelectricidad, medios ópticos y/u otros medios electromagnéticos, o de cualquier clase existentes o a crearse en el futuro».

De esta manera, el Poder Ejecutivo abrió el juego para que se incluyera dentro de los alcances de la ley a toda la información que circula por Internet. Sin embargo, la polémica ley 25.873 había nacido, juran en el Parlamento, a partir de la necesidad de dar a la Justicia una herramienta con la cual combatir con mayor eficacia y celeridad los secuestros extorsivos.

Lo ocurrido obliga a varias reflexiones. Primero, si el «espíritu del legislador» era la posibilidad, judicial, de controlar los teléfonos celulares para poder actuar más eficazmente frente a los secuestros, ¿ quién en el Ejecutivo ordenó convertir ese objetivo en una norma de control de los ciudadanos concretando en la Argentina el personaje orweliano del Gran Hermano?

En ese camino, ¿tiene Kirchner, como dicen en la oposición, el objetivo de violar los más elementales derechos y garantías constitucionales?

El caso revive el estilo parlamentario que deja para último momento de sus sesiones ordinarias aprobar «leyes ómnibus» donde entra de todo, desde proyectos de declaraciones anodinas hasta leyes trampas como la comentada.

Tal es así, aunque muchos legisladores, incluso progresistas se rasgan ahora las vestiduras y ahora ruegan para que se anule lo aprobado, ley y decreto reglamentario, lo efectivo es que todos, salvo tres excepciones, votaron lo que ahora se convirtió en un escándalo.

A no ser por las cámaras que agrupan a los servidores de Internet, nadie habría conocido que a partir del 31 de julio, cada cosa que escriba o lea por ese espacio, serían de conocimiento del Estado. Ningún legislador se interesó en denunciar la reglamentación de la ley, o frenarla a tiempo.

No leen siquiera el Boletín Oficial. Grave. *