Confían descubrir a los implicados en el asesinato de Stang en Brasil

En una ceremonia policial en Brasilia, el ministro estimó que tener a ‘Bida’ preso posibilitará «identificar a otras relaciones» en el asesinato de la misionera, comprometida con la defensa de los Sin Tierra y de la selva amazónica, que fue muerta el 12 de febrero pasado de seis balazos, en el municipio de Anapú (estado de Pará, norte).

Thomaz Bastos aseguró que la actuación de la Policía Federal en este caso «fue ejemplar», actuando en colaboración con otras fuerzas policiales y con el Ejército, «con un trabajo de inteligencia que evitó la tortura, la violencia o la opresión».

«Bida» se entregó voluntariamente el domingo en una hacienda en las inmediaciones de Anapú , tras semanas de negociar su rendición.

Hasta ahora las autoridades sólo habían mencionado la implicación de cuatro personas en el hecho, tres de las cuales ya habían sido capturadas: Rayfran das Neves Sales, que confesó haber disparado contra la misionera, su presunto cómplice Clodoaldo Carlos Batista, alias «Eduardo», y Amair Feijoli da Cunha, apodado «Tato», acusado de haber servido como intermediario.

En sus primeras declaraciones, «Bida», sospechoso de haber sido quien ordenó la muerte de Stang, desmintió su participación en el crimen y acusó a otros hacendados vecinos de haber pagado para matar a la misionera.

El caso puso en primer plano el uso de la violencia en las disputas por las tierras en la región amazónica brasileña.

El secretario de Derechos Humanos del gobierno, Nilmario Miranda, se había congratulado el domingo por la detención de «Bida», dando a entender que era la última.

«Se completó el ciclo de prisiones. Era una cuestión de tiempo.

Creo que es un buen ejemplo de que no habrá más impunidad en el país para este tipo de crímenes», afirmó.

Stang impulsaba en Anapú un proyecto de Desarrrollo Sostenido, para el aprovechamiento de 120.000 hectáreas por familias de campesinos sin tierras para plantar especies de árboles amenazadas de extinción. Según una hipótesis de la Policía, habrían sido justamente estos hacendados quienes formaron una especie de «consorcio» para financiar la muerte de la religiosa, por la que fueron prometidos a los sicarios 50.000 reales (un poco más de 19.000 dólares).*