La Iglesia le pide garantías a Kirchner
Un vocero oficial de la Iglesia declaró que no se ha distendido de ningún modo la situación creada por el intento oficial de remover al obispo castrense, Antonio Baseotto, y espera una garantía por escrito de que no se impedirá al prelado el ejercicio de su ministerio.
A Baseotto, un ultra conservador que dijo que el ministro de Salud Ginés González García debía ser arrojado al mar por proponer despenalizar el aborto, Kirchner le retiró el sueldo que como Vicario castrense recibe del Estado. De hecho, lo sacó de la titularidad de la vicaría castrense que se rige por acuerdos especiales con la Santa Sede.
Roma actuó con prontitud advirtiendo que estaba en peligro la libertad religiosa al menos de este obispo y allí y acá no se consideró suficiente la explicación verbal del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, de que el decreto oficial no afecta la libertad pastoral del obispo. Para la Iglesia esas son «sólo palabras que están en el aire» mientras no haya una comunicación oficial.
Al Nuncio le ha sido entregado el decreto presidencial para remover a Baseotto, cuya primera parte significa, según la Iglesia, violentar el acuerdo que existe con la Santa Sede desde 1957. La primera parte formaliza la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el acuerdo para la designación de Baseotto, de 2002. Ahora la demanda es que por escrito se diga que Beseotto, por caso, puede dar misa en cuarteles militares o designar capellanes.
En rigor, lo que el Gobierno desea es un reemplazo del obispo cuestionado, pero ese paso no parece ser lo que, al menos rápidamente, dará el Vaticano.
Por el contrario instancias eclesiásticas aguardan una respuesta dura de la Santa Sede al decreto que desconoce a Baseotto como obispo castrense. Esa respuesta señalaría que el decreto afecta unilateralmente el acuerdo de Argentina con el Vaticano, según el diario La Nación.
Portavoces eclesiásticos citados por la agencia DyN aseguraron que el conflicto bilateral «no se distendió, como se pretende hacer creer desde la Casa Rosada».
«Aquí está en juego la libertad religiosa porque a monseñor Baseotto se le está impidiendo el ejercicio de su misión pastoral», dijeron voceros que DyN presenta como «fuentes irrefutables de la diplomacia eclesiástica».
Zafada una provocación
La agencia de noticias indicó que pudo certificar de voceros gubernamentales de primera línea que si Baseotto «lo hubiera hecho (celebrar el martes la misa crismal anual en la catedral castrense Stella Maris), el Gobierno lo hubiera interpretado como una provocación». Tan es así que se negoció que no lo hiciera.
DyN afirma que en el Gobierno no hay intención de dar una explicación por escrito. «Lo que dice el decreto sólo puede modificarse por otro decreto. Pero no hay ánimo para hacerlo», amplió a esa agencia una fuente de la Cancillería.
En Roma, donde obviamente la salud del Papa es lo que domina todo, no se descarta que el Vaticano podría llegar a pedirle al gobierno argentino una nota que asegure que nadie impedirá al obispo castrense su libertad pastoral.
Con todo un alto prelado de la Curia dijo a La Nación: «Me llama la atención, porque, por lo general, en la Santa Sede se registra lo que uno dice, pero es probable que, para estar seguros, prefieran una comunicación oficial.
No sería una prueba de excesiva confianza, pero es cierto que lo escrito compromete más».
Es parte de un forcejeo que trata de dejar malparado al Presidente. El Gobierno procura retomar el diálogo con los obispos donde una mayoría parece inclinada a no dejar avanzar la discordia. ¿La causa real? La Iglesia quiere garantías no para el obispo, que sabe que no hay persecución (al menos que se crea que es así porque contra Baseotto hay querellas judiciales por su antisemitismo público), sino que no se instale en la agenda oficial la discusión sobre la despenalización del aborto.
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no descartó que «en algún momento» ese tema deba debatirse. Pero el mismo contó que se fue de boca «apretado», digamos, por un periodista en una conferencia de prensa. Kirchner, que de todos modos ya no acompaña al Vaticano en instancias internacionales su postura sobre el aborto, tampoco quiere menear la cosa.
No es fácil porque los religiosos frente a la Convención sobre los Derechos de la Mujer, no quieren que el instrumento sea ratificado porque abriría, sostienen, una rendija para legalizar el aborto.
No es así y por esto es que siguen las diferencias y que obispos avanzados se sientan obligados a actuar corporativamente ante un cura reaccionario. *
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