Recuerdos del golpe de Estado de 1976

Encontrar consignas de consenso dentro de ese espacio no ha sido cosa sencilla porque hay sectores que tienen una posición de apoyo crítico al gobierno de Néstor Kirchner por haber impulsado normas contra la impunidad, así como que en otros lados o asociaciones, el actual es la continuación por otros medios de las viejas concepciones represivas y se le enfrentan con dureza.

Con todo, los «organismos» como se dice cuando se habla de las de derechos humanos, siempre consensúan cómo se expresa cada uno en las calles, con sus consignas y pancartas, sin molestarse unos a los otros.

Por caso la Asociación de Madres de Plaza de Mayo que orienta la mítica Hebe de Bonafini, con algunas afinidades con Kirchner, elevan como consigna la brega «por la unidad latinoamericana, contra el imperialismo y la impunidad».

En otro extremo un llamado «Encuentro Memoria, Verdad y Justicia» a las peticiones colectivas contra la impunidad, reclama el no pago de la deuda externa, rechaza los acuerdos con el FMI, pone la proa contra el ALCA y otras diferenciaciones más.

Esto no quiere decir que las líneas más afines al rumbo oficial no contemplen posiciones críticas sobre esos y otros asuntos.

Simplemente se oponen a que la rememoración sea usada como acto anti Kirchner.

La fecha viene siendo propicia para nuevos intentos en la Cámara baja que impulsa la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para que se anulen los indultos con los que Carlos Menem, en 1989 y 1990, exculpó al liderazgo de la dictadura.

 

Un fallo muy importante

En rigor casi todos están ahora detenidos y procesados, pero así como hace un año el propio Kirchner impulsó que el Parlamento derogue las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, decisión que casi todos los jueces federales, con alguna excepción, avalaron, la demanda de Walsh y una veintena de legisladores es que el Parlamento en relación a los indultos haga lo mismo.

Pero los esfuerzos por conseguir quórum para una sesión especial, por ahora han fracasado.

No piensan lo mismo en el Poder Judicial donde el juez federal Sergio Torres declaró inconstitucional uno de los indultos y que afecta a dos militares, Antonio Vañek y Julio Antonio Torti, los vicealmirantes de la Armada que habían sido beneficiados en el momento que estaban siendo juzgados por delitos cometidos durante la dictadura.

La decisión del juez se produjo en la causa donde se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese lugar, hoy casi totalmente desalojado de instituciones navales (dos que quedan dejan el predio en octubre) se construye un Museo de la Memoria que pilotea el gobierno porteño con respaldo del nacional y organizaciones humanitarias.

Esa decisión de Menem había favorecido en su momento a todos los jefes militares que no habían sido alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La validez de esas leyes y la de los indultos será definida en última instancia por la Corte Suprema, que actualmente tiene a estudio el primero de estos planteos.

La decisión del juez Torres es similar a la adoptada hace un año por otro juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, en la causa por los crímenes cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército.

Torres señaló que «cuando a través de un acto del Poder Ejecutivo» como fueron los indultos «se imposibilita el normal desarrollo de la actividad exclusiva de otro poder –en este caso el Judicial– el principio de división de poderes garantizado por la Constitución se ve conmocionado y torna al acto de un vicio que debe ser saneado».

Torres agregó que «la declaración de inconstitucionalidad de normas o actos estatales tiene en miras hacer cesar los efectos de los mismos, puesto que en un Estado republicano y de derecho no puede otorgárseles al mismo tiempo validez jurídica a la Constitución y a normas o actos institucionales».

«En una democracia constitucional –agregó– se le da supremacía a la Constitución por sobre toda otra norma del ordenamiento jurídico».

Como están las cosas, todos los camino conducen al más alto tribunal donde para los expertos hay votos suficientes para declarar inconstitucionales las leyes de impunidad y los indultos, que desbrozarán definitivamente el inicio de los juicios orales contra los detenidos por violaciones de los derechos humanos hoy con prisión preventiva que incluye a nombres como el de Jorge Rafael Videla. ¿Tiempo al tiempo? *