Acuerdo nacional, posible salida para la crisis boliviana

Esa vía sigue pendiente, tras 12 días de sobresaltos por dos amagos de renuncia del presidente Carlos Mesa, de los que al final salió debilitado y sin hacer efectivas sus amenazas de dejar el gobierno ante el agobio de los problemas sociales y políticos.

El nuevo pacto propugnado por todos los sectores debe incluir a las organizaciones sociales, tras el reconocimiento general de que la ausencia de estas fue la debilidad del fracasado pacto de gobernabilidad firmado por el presidente y los partidos tradicionales.

Para el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el entendimiento debe basarse en la armonización de las agendas popular, que reclama esencialmente la asamblea constituyente, y de la región oriental, que exige autonomía.

El dirigente, que tuvo un rol protagónico en los contundentes bloqueos de carreteras que pusieron en jaque a Mesa, manifestó su disposición a apoyar incondicionalmente los planteamientos del ejecutivo en esa dirección, siempre y cuando la orientación sea social y no favorable a la oligarquía.

Morales señaló que el presidente debe concertar con las organizaciones sociales y se declaró dispuesto a dialogar con Mesa, pese a considerar que sus dos amenazas de renuncia buscaron impedir la aprobación parlamentaria de una ley petrolera nacionalista.

Desde la derecha, el dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Julio Leigue, se pronunció también por un pacto nacional, para que Mesa gobierne con autoridad -formulación que sugiere represión- y planteó que el congreso, de mayoría formada por partidos tradicionales, puede construir ese acuerdo.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, recomendaron igualmente un gran pacto social como verdadera solución a los conflictos.

Los activistas humanitarios promovieron un diálogo entre el gobierno, las organizaciones populares y otros sectores, para debatir y buscar consenso en torno a la ley de Hidrocarburos y otros temas, intento fracasado por la negativa del ejecutivo a asistir.

Albarracín advirtió que no le caerá bien al país un nuevo discurso en el que el presidente vuelva a presentarse como víctima de las protestas sociales y los partidos políticos.

Al anunciar anoche que seguirá en el cargo, en medio de un duro clima de confrontación con el parlamento, Mesa delineó una agenda que prevé una nueva ley de Hidrocarburos moderada, la elección de prefectos (gobernadores), un referendo sobre autonomías regionales y la asamblea consituyente.

El analista político Alvaro García advirtió que la crisis boliviana solamente ha tenido una resolución temporal e incompleta, sin que esté clara la forma en que Mesa logrará estabilidad y bernabilidad con las viejas prácticas políticas, ya insostenibles.

Consideró que se ha abierto una relativa tregua que durará aproximadamente un mes, antes de que sobrevengan nuevos conflictos por la nueva ley de Hidrocarburos, que el gobierno insiste en moderar en el Senado, respecto al texto aprobado por los diputados, cercano a las demandas sociales.

También puede haber conflictos en torno a la asamblea constituyente exigida por las organizaciones populares o a la autonomía por la que presiona la élite de fuerte influencia empresarial, de la oriental región de Santa Cruz.

Ese es el tiempo, señaló el comentarista, que a Mesa le queda para articular o neutralizar a los tres grandes bloques de poder, es decir el parlamento, los movimientos sociales y la dirigencia cruceña. *