Congreso de Bolivia rechaza propuesta de Mesa de adelantar las elecciones

El pleno congresal desestimó por «inaceptable» y «contraria a la Constitución» la demanda presidencial de realizar elecciones el 28 agosto que, en los hechos, significaba el acortamiento de su mandato que debe concluir el 6 de agosto de 2007.

El Congreso resolvió: «Declarar inaceptable la solicitud del Presidente de la República para que este Poder Legislativo dicte una ley interpretativa del artículo 93 de la Constitución Política del Estado por carecer de toda base legal y por ser contraria a la Constitución Política del Estado».

Mesa propuso la víspera una ley interpretativa para superar las dificultades de procedimiento que entrañaba su propuesta de un recorte de mandato.

El jefe de Estado había presentado anteriormente su dimisión hace once días agobiado por una crisis político-social y porque el Parlamento le dio la espalda a un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, pero fue ratificado unánimemente por el Congreso nacional.

En previsión de que el país se torne ingobernable principalmente porque el Parlamento se niega a respaldar su proyecto de ley de hidrocarburos, Mesa dijo que está dispuesto a dejar el poder.

«Apelo al Congreso para que sea capaz de escuchar mi propuesta con ojo transparente (…) Verá el Congreso, y ese es su derecho, si el mecanismo que propongo en la forma exacta está bien o se puede modificar es su responsabilidad, es su decisión», señaló recientemente.

Los bolivianos están divididos sobre la interpretación de una norma aprobada en un referendo en julio y que ordena cobrar «impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50% del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país».

La Cámara de Diputados aprobó la víspera una ley petrolera que mantuvo el 18% de regalías y creó un impuesto, no deducible ni descontable, que garantizará, en los hechos, un incremento de 600 millones de dólares en los ingresos que percibe el Estado. La fórmula de Mesa garantiza únicamente 150 millones, según el presidente del cuerpo legislativo, Mario Cossío.

La versión aprobada en la Cámara de Diputados deberá ser discutida la próxima semana en la de senadores y, si existieran modificaciones, por el pleno del Congreso.

Mesa defiende a capa y espada mantener en 18% las regalías que deben pagar las compañías pero añadiéndoles impuestos de 32% deducibles y compensables. Por su parte, el líder opositor izquierdista Evo Morales, que pedía aumentar las regalías a 50%, se dijo satisfecho por la fórmula aprobada en su fase preliminar y ordenó levantar los bloqueos de rutas y protestas que mantenía para reforzar su propuesta.

La decisión del Congreso desfavorable a Mesa puede eventualmente precipitar la renuncia irrevocable del Presidente, según analistas independientes.

Una decisión de esa naturaleza provocaría un desenlace inesperado con una cadena de sucesión constitucional entre el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, sucesivamente.

Para habilitar la convocatoria a elecciones Mesa debería renunciar y hacerlo sucesivamente todos sus sucesores hasta llegar al presidente del tribunal de Justicia, último eslabón de la cadena constitucional.

El criterio manifestado por el senador Franz Barrios y el diputado Wilman Cardozo, alentaron en cambio un nuevo pacto de gobernabilidad gobierno-congreso que garantice el desempeño del ejecutivo.

Las declaraciones matizaron la advertencia que los legisladores oficialistas hicieron antes de que el mandatario renunciaría en caso de que el poder legislativo no acepte los comicios anticipados.

En medio de un rechazo abrumadoramente mayoritario a la iniciativa en el Congreso, Barrios comentó que «a no ser que nos sorprenda, el Presidente no renunciará y tampoco habrá sucesión constitucional».

Se refirió así a la conflictiva posibilidad de que ante la dimisión, asuman los sucesores, el presidente del congreso Hormando Vaca Diez, o el de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, ambos considerados inviables por sus vínculos con el pasado régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Barrios agregó que Mesa busca por todos los medios un acuerdo nacional para superar la actual crisis política, sobre la base de una ley de hidrocarburos coherente desde el punto de vista gubernamental. *