Argentina: informes médicos permiten que Massera quede libre

Massera, conocido como el «Almirante Cero» tuvo un derrame cerebral que lo ha dejado, dicen los médicos, casi en estado vegetativo: se orina encima, no comprende lo que se le pregunta, habla con incoherencia.

En rigor, el ex militar amnistiado por Carlos Menem en 1990, debía seguir con su condena a perpetuidad decidida durante los juicios a la Junta de Comandantes en 1984-85, y estaba recluido en su vivienda personal, por ser mayor de 70 años: está a punto de llegar a los 80.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han protestado por la decisión de los tres jueces que conformaron un tribunal para analizar el caso. Todos ellos tienen expedientes condenatorios del ex marino. Sin embargo el fiscal que acusó a Massera en los 80, Julio Strassera, considera que lo decidido corresponde a derecho ya que el acusado no puede entender los cargos.

Esta opinión ha sido compartida por el abogado Eduardo Barcesat, un duro en eso de seguirle a los genocidas los pasos y no dejarlos tranquilos. Dirigentes de organizaciones que más impulsaron los juicios a los violadores de derechos humanos no comparten esos criterios. «Rudolf Hess estuvo preso hasta su muerte pese a que estaba enfermo», se oyó por esos lugares.

Bien mirado el caso, no es aislado y es parte de una nueva embestida de los abogados de los acusados por lograr sus libertades. Acaban de tener otro «triunfo» en la Cámara Federal de San Martín que declaró legales los indultos decretados por Menem y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

De todas maneras, esas decisiones no logran libertades para los 117 militares presos por causas de genocidio, a la espera de que la Suprema Corte diga la última palabra sobre las leyes de impunidad derogadas por el Parlamento bajo el reclamo público y una actitud fuerte de parte de Néstor Kirchner.

Los analistas de lo que pasa por el Poder Judicial coinciden en que el más alto tribunal dirá las próximas semanas que los crímenes de lesa humanidad, como los que están siendo juzgados actualmente, no son pasibles de leyes exculpatorias.

El abogado de Videla justifica secuestros

Lo que no quiere decir que la derecha se quede quieta como lo revela una presentación efectuada ante el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, por el abogado de esos presos, entre ellos Jorge Videla, Florencio Varela, quien reclamó la certificación de la autenticidad de una serie de reglamentos ‘secretos’ y/o ‘reservados’ que «justificarían» las atrocidades.

No es, de todos modos, un buen argumento: un simple reglamento no es superior a la Constitución y sus leyes aunque traten de justificar los crímenes cometidos en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

¿Qué dice el letrado? Dice que «el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares».

También puntualiza que «el Ejército fue instruido y adiestrado para la guerra contra el terrorismo y previó expresamente en sus reglamentos como métodos legítimos en la guerra, el secuestro, el terrorismo, la tortura y la supresión de la vida».

El abogado le solicitó que «certifique u ordene la certificación respecto a la autenticidad y a la vigencia durante la guerra contra el terrorismo de los Reglamentos Reservados ‘Operaciones Sicológicas’, ‘RC-8-3, Reservado y Operaciones contra la subversión urbana’, impresos en el Instituto Geográfico Militar y puestos en vigencia por resolución del comandante en jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse el 8 de noviembre de 1968 y el 29 de julio de 1969 respectivamente».

El abogado también menciona otros dos documentos, «Operaciones contra fuerzas irregulares», que aún no pudo obtener y «Prisioneros de guerra», de carácter público.

En el escrito, presentado ante Bendini la semana pasada, Varela señala que «se ordenó aniquilar a los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, es decir a sus integrantes, que por ello fueron ejecutados cuando fueron individualizados y detenidos» y que todas las operaciones documentadas «fueron informadas semanalmente».

Es decir, en algún lado deben constar esos papeles.

En su presentación, Varela justifica los campos de concentración de detenidos por estar contemplados en los Reglamentos Militares, describe con lujos de detalles el camino de los secuestrados pero no menciona en su escrito qué pasaba con las personas que los jefes militares consideraban culpables de algún delito, sin haber tenido la posibilidad de defensa alguna y de las masacres ni menos aún de la rapiña de los llamados Grupos de Tareas. *