Se interrumpieron 10 mandatos presidenciales en los últimos 16 años

De acuerdo a un estudio reciente de Nueva Mayoría, con la renuncia del presidente Carlos Mesa en Bolivia, habrán tenido lugar 10 interrupciones de mandatos presidenciales democráticos en los últimos 16 años en América Latina, con un promedio de una cada año y medio en la región, las que se han producido en 7 de los 10 países sudamericanos, siendo Chile, Colombia y Uruguay las únicas excepciones.

A más de veinte años del restablecimiento de la democracia en los países de Sudamérica  proceso que se extiende por todo el continente, y que se inscribe en lo que Huntington denominó la «Tercera Ola democrática» global  si bien la democracia como sistema de gobierno se ha mantenido sólida en la política y en la opinión pública  que, pese a su insatisfacción con los bajos niveles de desarrollo de sus países, no deja de apoyarla  los casos de mandatos interrumpidos ya suman nueve en los últimos catorce años.

Así, y tomando sólo los casos de presidentes democráticamente electos, excluyendo a los gobernantes de transición, vicepresidentes en ejercicio y fallecimientos, surge que de los 10 estados independientes de Sudamérica, 7 atravesaron crisis políticas que desembocaron en la interrupción de mandatos.

En el caso de Argentina, en 1989 la Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) se ve afectada, en su último año de gestión, por una escalada hiperinflacionaria que desemboca en un conflicto social: un estallido de saqueos en los principales centros urbanos, que deja como resultado 14 muertos y docenas de heridos. De común acuerdo con el Presidente electo en mayo de 1989, Carlos Menem, se decide adelantar la entrega del poder (prevista para diciembre de ese año) a través una renuncia del mandatario saliente.

Tres años más tarde, en Brasil, se interrumpía el mandato de Fernando Collor de Mello, destituido por el Congreso tras enfrentar cargos de corrupción y tráfico de influencias políticas. El proceso se inicia con la renuncia, en octubre de 1991, del titular de Petrobrás, quien denuncia al Presidente y a su asesor, Paulo Farías, de haberlo presionado para hacer «operaciones irregulares». Tras una sucesión de denuncias contra Collor que repercuten en los principales medios del país durante los meses siguientes, la publicación de un documento elaborado por el hermano del mandatario, Pedro Collor, describiendo casos de corrupción que involucraban a su hermano, la Cámara de Diputados crea una comisión de investigación a fines de mayo de 1992, la que tres meses después presentó un informe final que pedía la destitución presidencial. Un mes después, el 29 de setiembre, la Cámara Baja votó casi por unanimidad en favor de la destitución, lo que fue inmediatamente ratificado en el proceso de enjuiciamiento que se abrió en el Senado.

Ocho meses después, en Venezuela se producía la destitución de Carlos Andrés Pérez, que tenía entre sus antecedentes el estallido social conocido como «El Caracazo» a escasos meses de asumir, y dos alzamientos militares. A partir de una causa por corrupción que se abre contra la malversación de fondos públicos, y sin el apoyo de su propio partido, el Congreso promueve un rápido juicio político que lo destituye en el último año de su gobierno

El caso de Abdalá Bucaram en Ecuador se produce a partir de una escalada de manifestaciones de repudio al gobierno, al conocerse públicamente una serie de escándalos de corrupción protagonizados por el Presidente y miembros de su familia. En el contexto de una huelga general convocada por sindicatos y partidos opositores para pedir su renuncia, un plenario del Congreso el 6 de febrero de 1997 declaró a Bucaram mentalmente incompetente para el ejercicio del cargo, designando al presidente del Congreso como mandatario interino. Durante algunos días reina la confusión institucional, ya que Bucaram no acepta la destitución e intenta seguir ejerciendo el poder, hasta que cinco días después, frente a la activación de las causas por corrupción en manos de la Justicia, deja el país y pide asilo político en Panamá.

Estas primeras crisis de la Tercera Ola democrática en América del Sur, que se producen entre 1989 y 1997 (Alfonsín, Collor de Mello, Pérez y Bucaram) se caracterizaron sin embargo por su resolución institucional: el acuerdo y entrega anticipada en el caso de Argentina, y los procesos de destitución parlamentaria, con la asunción del vicepresidente para completar el mandato, en Brasil y Venezuela. El proceso a Collor  y, en menor medida, también el de Pérez  fueron vistos internacionalmente como pasos hacia la consolidación de las jóvenes democracias sudamericanas, que puestas a prueba por crisis políticas encontraban, sin embargo, una solución a través de mecanismos institucionales, como la destitución. La remoción de Bucaram, aunque más polémica, también entra en esta categoría.

Sin embargo, las seis interrupciones de mandato que se producen en los últimos cuatro años, se han caracterizado no sólo por producirse durante la primera mitad de los respectivos períodos interrumpidos, sino también por una menor eficacia de los mecanismos institucionales y una resolución más caótica de los conflictos.

En Paraguay, en marzo de 1999  sólo ocho meses después de su asunción  renuncia el presidente Raúl Cubas Grau en el contexto de un fuerte conflicto interno en el oficialista Partido Colorado, oviedistas vs. antioviedistas, que desemboca en el asesinato del vicepresidente Argaña, contrario a Oviedo. La oposición y un importante sector del Partido Colorado piden la remoción del presidente, que renuncia antes de que se inicie su enjuiciamiento por el Congreso, en medio de fuertes protestas con francotiradores que dejan un saldo de 7 muertos. A cambio de su renuncia, Cubas Grau es nombrado senador vitalicio, con inmunidad judicial, y asume la presidencia el titular del Senado, Luis González Macchi.

En Ecuador, a comienzos de 2000, la crisis política, económica y social pone fin al mandato de Jamil Mahuad cuando llevaba cumplidos 18 meses de gobierno. Ya durante 1999, como consecuencia de la devaluación monetaria y las drásticas medidas que le siguieron, sufre movilizaciones insurreccionales que ponen a su gobierno al borde de la caída hasta que en enero de 2000, una huelga general de los sindicatos, con el apoyo y la movilizaciones relativamente pacíficas de las poderosas asociaciones indigenistas  aunque hubo dos muertos y 20 heridos  y en alianza con sectores militares, se produce su derrocamiento, y es obligado a renunciar. Tras días de alta tensión y cambios de mando, las fuerzas armadas y el Congreso deciden avalar la asunción de Gustavo Noboa, el vicepresidente, que completa el mandato.

La crisis que finaliza con el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, comienza con la segunda reelección del mismo en mayo de 2000, en medio de acusaciones de fraude y fuertes resistencias por parte de la oposición, que se moviliza. Su tercer período consecutivo comienza el 28 de julio y ya el 14 de setiembre se difunden por televisión videos del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, sobornando a un legislador, que provoca un fuerte impacto en la opinión pública y la renuncia del vicepresidente primero. El conflicto con Montesinos, entonces destituido y prófugo, provoca una crisis de autoridad de Fujimori en el propio gobierno, lo que puso en evidencia el poder del ex asesor presidencial. Un aislado levantamiento militar ocurrido a fines de octubre, encabezado por el coronel nacionalista Ollanta Humala, y la destitución de la presidente del Congreso, una fujimorista ubicada en la línea de sucesión presidencial, debilita aún más al Presidente, que inicia
una gira por países asiáticos de la que no regresa, estableciéndose en Japón y renunciando desde allí a la Presidencia.

En Argentina, la renuncia de Fernando De la Rúa se produce en el contexto de una crisis financiera que deriva en la inmovilización de los depósitos bancarios, la que a su vez se desarrolla en el contexto de una profunda crisis política que deja al presidente sin el apoyo de su propio partido. Tras un estallido social de disturbios y saqueos, en los que mueren unas 32 personas, y una protesta popular en las principales ciudades del país, De la Rúa renuncia.

Por último, en Bolivia, en octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada quien a 14 meses de haber asumido la Presidencia renuncia, también, en el contexto de violentas manifestaciones que dejan un saldo de más de 70 muertos. Su gobierno, surgido de un respaldo débil y con el crecimiento político-electoral de una oposición radicalizada, ya había enfrentado una grave crisis en su sexto mes de mandato, que nunca termina de distenderse si se tiene en cuenta la persistencia de las protestas y bloqueos de caminos organizados por grupos sindicalistas, cocaleros e indigenistas, que ya habían cobrado en los últimos meses un total de 60 muertos entre civiles, policías y militares, es decir, más de 130 muertos en ocho meses. Finalmente, el actual presidente Carlos Mesa, el 6 de marzo anuncia su decisión de renunciar  la que deberá ser convalidada por el Congreso  quien había asumido hace diecisiete meses tras la dimisión de Sánchez de Lozada, frente al clima de incertidumbre en el país jaqueado por una ola de protestas, en reclamo de una nueva ley de hidrocarburos.

Todas estas crisis se comprenden analizando sus contextos particulares. Sin embargo, si tuviéramos que sacar algunos denominadores comunes, el análisis comparado de los episodios muestra que en una alta proporción los mandatos interrumpidos surgen de segundas vueltas electorales (5 sobre 9), aunque también hay casos de fuerte apoyo electoral inicial, y que la movilización política (a menudo violenta) ha estado presente en casi todos los episodios.

Particularmente en las últimas crisis, ya que en los casos de Collor, Pérez (el Caracazo ocurre tres años antes) y Bucaram, la movilización fue importante pero jugó un papel secundario en la caída de los mandatarios. Por su parte, en cuatro de los nueve casos, hubo insurrecciones militares que debilitaron a los gobernantes, indica el informe de Nueva Mayoría. *