Piqueteros con cara descubierta y sin palos

La bronca de este sector, considerado el más confrontativo con el gobierno de Néstor Kirchner, pero también con el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, se opone a la orden de los fiscales Sergio Lapadú y Gabriel Unrein que los obliga a dar aviso a las autoridades antes de cortar una calle.

Lapadú que pertenece a la justicia contravencional porteña ordenó a que la policía actúe de oficio para quitarle a manifestantes de cualquier sector los palos (semejantes a bates de béisbol) que utilizan en general como autodefensa.

Además Lapadú ordenó que ningún manifestante pueda enmascararse, un símbolo para algunas de las corrientes mas radicalizadas que tomaron del sub comandante Marcos, del zapatismo, y que arguyen son formas de defenderse de la policía que los filma y si los reconoce, los busca en sus casas en barrios marginales y no pocas veces les pegan.

La drástica orden surgió luego que una familia en pleno centro porteño, al lado del Obelisco, fuera agredida por un militante del sector «Quebracho». El caso causó conmoción por que no registraba antecedentes. Iban en el coche bloqueado por una columna piquetera que el conductor buscaba zafar por el calor que irritaba dos hijos pequeños.

Trascartón, el fiscal ordenó el «desarme» y nada de capuchas, que fue aceptada el pasado lunes cuando manifestantes de «Quebracho» fueron a los tribunales a reclamar la libertad del militante detenido por el incidente en las cercanías del Obelisco. Hubo una negociación previa con el Ministerio del Interior. Miembros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón-, que fueron protagonistas en el incidente, adujeron que el uso de palos durante las manifestaciones es «necesario» para organizar el tránsito, tarea que, a su entender, la policía no cumple adecuadamente.

En general, con «Quebracho» con composición y línea discutida así como con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, de Raúl Castells, que suele aplicar acciones contra empresas, el espacio piquetero los mira con bastante desconfianza.

La criminalización de la protesta

Pero, como en otras ocasiones, cuando hay medidas que pueden ser tomadas como violatorias de la libertad de expresión, protestan al unísono. Por caso, Néstor Pitrola, el referente piquetero del Partido Obrero (PO, trosquista) sostuvo que «quieren encuadrar nuestras conductas en normas represivas. Pero reivindicamos el derecho a la movilización popular de los sectores más castigados».

«En general, los que manejan la seguridad (en una marcha) tienen palos para cerrar los cordones y canalizar el tránsito, tarea que no cumple la policía», añadió. Pitrola denunció que se «incita a los automovilistas a atacar a los manifestantes» y que «no hay arma más letal que un auto». «Nuestros esquemas de seguridad son para la defensa, y la gente debe respetarlos», añadió Pitrola, y recordó que los miembros de la organización que lidera no llevan sus caras tapadas.

En el mismo sentido se expresó Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que consideró que las capuchas son usadas por algunos grupos para «hacer show» y que ello impide, además, «poder identificar a los infiltrados en una marcha».

Eso sí: Alderete anticipó que «no le vamos a pedir permiso a nadie» para manifestarnos por las calles.

Carlos Barral, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, recordó que desde hace dos años y medio su agrupación no porta palos ni capuchas. «En su momento -precisó- lo hicimos para proteger la identidad de los compañeros que deben encargarse de la defensa [del grupo]. Pero eso no hace a nuestra identidad, que es la de las familias desocupadas que sufren.»

«De todas formas -agregó Barral-, aunque no hay represión abierta [por parte de la policía] hay una cantidad de detenidos impresionante.»

En el Gobierno Nacional la orden del fiscal contravencional porteño Martín Lapadú para que la Policía Federal secuestre los palos, capuchas y pasamontañas de los piqueteros que se manifiesten en la vía pública, no han sido cuestionada ni aplaudidas.

¿ Conflictos de poderes?

Es que se teme que finalmente trastoque en palabras hueras la política de no criminalización de la protesta que de todos modos ya tienen acumulados miles de expedientes judiciales. Por caso preocupa la advertencia del fiscal adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, sobre un eventual incumplimiento de las instrucciones por parte de los efectivos policiales, que podrían verse impedidos de actuar como consecuencia de la decisión del Gobierno de no criminalizar las protestas.

¿Cual es el limite entre la orden judicial y la voluntad política?. Habrá que hacer malabarismos. Por lo pronto, al decir de La Nación, «en los ámbitos de aplicación de la política de contención de las movilizaciones piqueteras explicaban que se procurará encontrar un mecanismo de instrumentación de la disposición de Lapadú que evite una reacción radicalizada».

«Esta es, en rigor, la principal preocupación oficial. Las fuentes consultadas manifestaron su temor ante lo que interpretaron como un eventual efecto negativo de la iniciativa si es que su puesta en marcha no se realiza de manera acordada», dice el matutino.

En el Ministerio del Interior creen que de no tener el visto bueno de todas las partes la disposición judicial podría provocar un recrudecimiento de la violencia de los sectores intransigentes, principalmente Quebracho, que podrían interpretarla como una provocación.

«Trabajamos para encontrar la forma de que los grupos no potencien la violencia como reacción a la medida; es decir, hacer que se cumpla la ley, pero que el remedio no se transforme en un amplificador de la enfermedad», explicaron en el Ministerio del Interior.

Pero pueden generarse conflictos de poderes. Por que por un lado está el Código Contravencional porteño -que prohíbe portar armas impropias- y por el otro la política del gobierno nacional de manejar con prudencia el tema piquetero para no generar conflictos, al menos así lo dicen

Y entonces, ¿qué pasa si la Policía Federal que depende del Gobierno Nacional no acata la orden del fiscal, que tiene jurisdicción local? *