Sospechas sobre el juez que investiga el contrabando

El defenestramiento de 10 brigadieres seguro y otros siete que por ser tan antiguos como el nuevo titular deben decidir si se quedan o se van, no se basa en sospechas de que forman parte de una red de narcos sino por haber ocultado información al Poder Ejecutivo.

El intento de contrabando pasó en setiembre y apenas semanas atrás supo del hecho Kirchner vía los servicios de inteligencia. La cúpula aérea, que sabía lo que había ocurrido, o sea el fracaso de la operación, no le dije ni mu al ministro de Defensa José Pampuro.

Y sobre la Souther Winds (SW) , hay sospechas de que llevó mercadería muchas veces más, aparentemente con éxito. No se conoce si la droga llegó de Colombia o de Bolivia, lo real, como lo hacen notar diversos medios, es que el asunto revitalizó una vieja exigencia de los EEUU sobre los controles en los aeropuertos, Ezeiza en especial, cosa que el escándalo le da motivos para retomar la carga. Acaso lo haga el 7 de marzo el jefe del Pentágono, Ronald Rumsfeld, cuando llegue aquí por unas horas. A propósito del aeropuerto de Ezeiza, la concesión la tiene una empresa de Eduardo Eurnekian y hay una verdadera lucha de poderes por colocar como juez en esa jurisdicción a alguien confiable para esos intereses.

La oposición exige que al menos los ministros Pampuro, por los asuntos castrenses y el de Planificación Federal, Julio De Vido, junto al secretario de Transportes, Ricardo Jaime, digan por qué la SW ha tenido privilegios pese a estar bajo sospecha de que hacía cosas raras, como permitir que viajen sin pasajero a bordo valijas, que podrían tener droga o no: en todo caso, se quiso ocultar la carga.

Kirchner ya hizo saber de profundas modificaciones en el control de la principal estación aérea del país y que de esas faenas nada tendrá que hacer la Fuerza Aérea. Así lo marca la ley. Pero que vayan gendarmes o civiles no son de por sí garantías de que no se provoquen ilícitos. Hay que ver el marco en que actuarán, y los sistemas de contrainteligencia.

¿Quién es Liporace?

La causa está en manos del juez Carlos Alberto Liporace, pero ayer dos diarios, «La Nación» y «Pagina 12″, explicaron sus reservas o dudas sobre el magistrado. Página 12 lo vincula al emporio que levantó en Ezeiza y en el correo privado el difunto Alfredo Yabrán y que tanto como fiscal como juez fue protegido del menemismo.

A magistrado llegó por poner el manto de protección a amigos del ex presidente y a su difunto hijo en un escándalo de contrabando de autos.

No solamente eso. En 2001 la Cámara de Apelaciones denunció a Liporace ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en dos expedientes por contrabando, que se arrastraron durante una década sin avances. En ambos casos Liporace demoró procesamientos e indagatorias hasta que las causas prescribieron.

Sugestivamente, además, ninguna de ellas figuró en las estadísticas del juzgado. Ambos expedientes estuvieron perdidos durante años. Cuando el Consejo de la Magistratura le preguntó por el sumario instruido a raíz de esa pérdida, dijo que también se había perdido, y responsabilizó a su secretario. Pese a ello, sólo le impusieron una generosa sanción de «advertencia».

Hace seis meses, la sala B de la Cámara en lo Penal Económico, lo apartó de una causa del grupo Yoma, ex cuñado de Menem, que lo denunció ante la Cámara del Crimen por la «probable comisión de un hecho ilícito» y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura para que evaluara su remoción.

El Grupo Yoma había reclamado dos veces a la AFIP (impositiva) un reintegro de 11,4 millones de dólares en reintegros de IVA por una misma exportación. Un tribunal riojano ordenó que de todos modos se efectuara el pago, pero la AFIP y el Banco Nación consiguieron que el juez federal de La Rioja, Enrique Chumbita, bloqueara esos fondos con una medida de no innovar. Pero Liporace, fue quien desbloqueó 8,5 millones de la suma trabada.

¿Se puede llegar así a la verdad de la trama? El gobierno tiene medios de vigilarlo a través de sus delegados ante el Consejo de la Magistratura.

Kirchner aireó la Suprema Corte de Justicia, pero esos vientos aún no llegaron como se aguardaba, a otras instancias judiciales.

La crisis que estalló desnuda otra vez las falencias del Estado, incluido el Poder Judicial. *