El cuestionado sistema judicial argentino

En la Argentina cargada de traiciones y de dobles discursos la idea de un pacto clandestino de impunidad ganó rápidamente adeptos.

No es fácil sostener que hubo una conjura cuando la reforma fue impulsada por una legisladora socialista y apoyada en el Parlamento por todos los sectores, incluidos el progresismo, la izquierda o el furibundo antimenemismo: la creencia de que el riojano y sus amigos cargados de juicios podrían ser uno de los beneficiados, debería descartarse por esta descripción. Con todo, falencias en la novedad puede permitir que muchas causas se caigan. Se pudo saldar condicionado la vigencia de la reforma dentro de dos años, por caso. No benefician acusaciones contra el Presidente: los plazos de prescripción no corren para ningún funcionario en actividad.

Hay un pedido para que se declarada inconstitucional. No deja de ser sugestivo que de la modificación no hablara ningún medio y que, en el Senado Nacional por caso, se votó entre gallos y medianoche aunque en las comisiones parlamentarias hubo consultas por más de un año. Además, el gobierno nacional la promulgó sin ningún reparo.

Si no fuera por que algunos jueces federales deslizaron el asunto al diario «La Nación», aún se estaría en penumbras respecto a esta reforma. El diario hizo lo suyo y acaso para dejar en mala posición a Kirchner, pero no puede beneficiar al centro-derecha, porque su gente votó el cambio.

¿Por qué reaccionaron varios jueces federales? Es que la nueva norma los empuja a abordar las causas, a no sentarse sobre ellas. En algunos juzgados hay expedientes por corrupción desde hace 10 años, un modo para favorecer a acusados, para presionar al poder, defender sus posiciones.

Como en otras ocasiones, un caso pone al desnudo todo el funcionamiento del Poder Judicial, que es uno de los resortes de la injusticia y la impunidad, del que no es solo responsable el poder político sino los reaseguros de control, como el Consejo de la Magistratura. Este organismo nació hace una década como parte de una controvertida reforma constitucional que le otorgó a Carlos Menem la posibilidad de ser reelecto.

El Consejo acaba de pedir el juicio político contra el juez Juan José Galeano, por sus horrores en la instrucción de la voladura de la AMIA. Papelerío inútil para llegar a la verdad como lo determinó el año pasado el Tribunal Oral que debió liberar a todos los imputados por Galeano. Ahora, no solo podría dejar de ser juez sino ser procesado junto a funcionarios de fuste del gobierno de Menem.

Uno de ellos muy deprimido, ha confesado a íntimos que no podrá evitar la condena. La pregunta es si contará que instrucciones recibieron del ex presidente para cometer ilícitos, incluso el desvío de pistas, Por lo pronto, el mismísimo Menem ha sido acusado la semana que se fue, pero por una comisión estatal, de haber protegido la responsabilidad de Irán en la tragedia de una década atrás.

Menem, obvio, rechaza la imputación, le da tinte persecutorio (justo cuando se hablaba de que es el beneficiado por la reforma al Código Penal) y sobre todo, que lo del Gobierno (la unidad AMIA, que hizo la acusación depende del ministerio de Justicia) es la reacción agria contra él y su prédica por elecciones en el Partido Justicialista, una consigna que lo moviliza junto a otro ex, Adolfo Rodríguez Saá, el tándem de la derecha peronista, una unión basada en el odio a Kirchner.

Menem lazó su candidatura a Senador Nacional por La Rioja, sin el respaldo del gobernador que él prohijó, Angel Maza, ahora alineado con Kirchner, porque así funcionan aquí las cosas: sin el calor de la Casa Rosada, no es fácil administrar. Puede ocurrir que no gane, que obtenga una banca por la minoría. De ocurrir así, sería un desastre. ¿Necesita Menem de fueros ante las novedades judiciales o en prevención de lo que pueden decir sus ex funcionarios en juicios ordenados por la Cámara Oral que juzgó el caso AMIA? Se trata de personas que saben mucho de demasiadas cosas, no sólo del atentado y aunque las lealtades no siempre tienen ideología, no se trata de militantes de causas honorables, que les permitan resistir como aquellos presos políticos en mazmorras.

Hay otra mirada, política, para esa búsqueda de una banca en la cámara alta. Tener un lugar institucional donde armar una línea interna y externa al peronismo contra el Presidente. O estar en el lugar oportuno si se produce, como especulan ciertos menemistas, una grave crisis como la que en 2001 obligó a Fernando de la Rúa a abandonar la presidencia y abrió el camino a Eduardo Duhalde. ¿Espera eso Menem para intentar su regreso o como lo ridículo ya no tiene retorno como piensan analistas, en el poder económico y hasta en Washington donde supo ser reconocido?

La fragilidad de las instituciones da espacio hasta a la más tonta especulación. Se cuentan por docenas las reformas al que fue sometido el Código Penal en tiempos de democracia y algunas de ellas votadas bajo presión de los acontecimientos como un año atrás dominaron la escena con los secuestros extorsivos y el surgimiento de un líder de los miedos urbanos, el ingeniero Juan Carlos Blumberg, que impuso algunos de sus criterios que con mayor dureza penal casi todo se resuelve.

Así se emparchó al Código Penal, pero se le rebanó coherencia y aptitud de ser un instrumento idóneo: una reforma integral, ampliamente debatida se hace imprescindible, sin criterios ultramontanos que andan por allí y derivan en situaciones dramáticas como la toma de un penal en Córdoba con una secuela terrible de víctimas. Los alzados, condenados por vida casi todos, pedían conmutación de penas o sus libertades. Como si razonaran así: ¿si para los privilegiados hay vericuetos, por que no para nosotros?

Es probable que Carlos Menem y algunos de sus funcionarios puedan ser beneficiados por las novedades. Sus abogados se anticiparon a precisar que no pedirán la prescripción de algunas causas sino que se rechacen las acusaciones. Pueden ser solamente palabras. Kirchner ordenó analizar como bloquear prescripciones en casos dolosos y se verá si lo consigue. Pero, insistimos, en la falencia del sistema judicial, el penitenciario incluido y la situación carcelaria. La cantidad de presos crece casi geométricamente, hacinándose las prisiones lo que genera eclosiones como la de estos días en Córdoba. Además, en la provincia de Buenos Aires, por caso, hay personas que quedan detenidas en penales por un lustro y luego a un cuarto de ellas se las declara inocentes.

En 1996, 6 de cada 10 causas demandaban servicios de defensa pública, en el 2000 la proporción fue de 9 de cada 10. El crecimiento de la demanda de defensa oficial se encuentra estrechamente vinculado al extremo proceso de precarización de las condiciones socio-económicas de aquellos sectores sobre los que suele recaer la intervención penal.

Los trabajadores del subterráneo porteño obtuvieron un importante incremento salarial que puede ser en números el objetivo de otros sectores sindicales cuyas asignaciones se deterioran por el aumento real de precios.

El paro, que por dos días fue absoluto y conmovió el transporte porteño, fue dirigido por el espacio clasista que crece en el movimiento obrero organizado, donde el sindicato, en este caso la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tuvo que adaptarse a la realidad. Incluso cuando presionado también por el Gobierno, que se alarmó por la posibilidad de una profundización del conflicto, como la huelga por tiempo indeterminado (que fue agitada por fuera de los huelguistas y sus dirigentes para aislarlos), tuvo una intervención clave en la última negociación con la empresa.

Pero nadie cumplió su orden de retornar al
trabajo: aceptada la solución, el servicio solamente se reanudó cuando las asambleas lo votaron.

Es cierto que en el Subte como meses atrás en la huelga de los telefónicos porteños, en el comité de base hay presencia de izquierda histórica: no es dominante, aunque influye. El clasismo que si rige como concepción, no tiene solo esa prosapia: los hay, y fuertes, del peronismo combativo y de independientes.

Se incrementa en el movimiento obrero organizado y en los sectores sociales, la lucha por los caminos a seguir. En el caso del Metro porteño, no primó el antikirchnerismo, incluso amigos de lo que hace el Presidente tuvieron un papel importante, e igual sentimiento ocurrió en el caso telefónico. La ira fue contra la empresa y la demanda más radicalizada ha sido para que el manejo de ese medio vital del transporte retorne al Estado. Que cesen los subsidios, y que no se utilice la lucha para lograr que sean mayores o que se suban las tarifas.

No pasó lo que ocurre en el espacio piquetero donde un sector, con matices muy fuertes, es francamente opositor y hasta desliza reclamos de nuevo poder. En este caso, se orientan para modificar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero.

Kirchner no puso el aparato del Estado contra la huelga pero intentó descolocar al Comité de Huelga con el Sindicato como aliado. Este nuevo caso desnudó la carencia de libertad sindical. El monopolio de la negociación queda en manos del sindicato reconocido, violentando la realidad, como se vio, como además la normativa mundial.

El Presidente sigue en deuda porque opta por ahora en pactar con la vieja guardia sindical. La falta de pluralismo real no solamente es antidemocrático sino que puede abrir espacio a consignas de confrontación que pueden provocar enfrentamientos irreversibles, que en ese caso, no ocurrió por un pelito. *