Ibarra se somete a la voluntad popular

El jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que quiere que el pueblo decida si debe o no seguir en su cargo como secuela de la tragedia de la disco República Cromagnón, que dejó hasta ahora un saldo de 192 muertos, pidió a la Justicia porteña que convoque a un plebiscito obligatorio y vinculante, no más allá de abril, para que se resuelva la situación

Ibarra quiere que el Tribunal Superior porteño interprete el artículo de la Carta Magna local, que incluye el recurso de revocatoria sin tener que reunir el 20% de las firmas del padrón electoral, lo que significa un poco más de 520 mil voluntades.

El artículo 67 de la Constitución porteña, da a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato del jefe de la ciudad o de los legisladores, siempre que se logren las voluntades necesarias.

Pero Ibarra pidió «se inicie el procedimiento sin que resulte necesario el aval del 20%» ya que existe «la conformidad del funcionario cuestionado» y con el objetivo de «acelerar los tiempos para que la ciudadanía se expida».

La intención de Ibarra es evitar la dilación en el trámite de reunión de firmas que, de acuerdo a las disposiciones tiene un plazo de un año, y apurar los tiempos de definición, al enmarcar el pedido en la situación derivada de la tragedia de Cromagnón.

En el escrito Ibarra señala que quiere poner «en manos de la voluntad soberana de la ciudadanía, la decisión final acerca de la continuidad o no de mi gestión, cuestionada por algunos sectores políticos que aspiran a que ella se interrumpa anticipadamente».

El jefe comunal sorprendió con su movimiento táctico tras una extensa interpelación de los legisladores locales de hace una semana atrás, donde había bloqueado una andanada de los partidos de derecha e izquierda ,que se orientaba a lograr el clima necesario para destituirlo mediante el trámite del juicio político.

Una dura oposición

Un sector importante de la muy fraccionada representación legislativa (19 bloques para 60 legisladores), busca colocar a Ibarra como el responsable de la tragedia e incluso espera poder llevarlo a los tribunales para que se lo enjuicie y condene.

Por ahora la jueza que tiene a cargo la causa, que de hecho se ha politizado, tiene como encausado al supuesto dueño del boliche, Omar Chaban, donde el 30 de diciembre pasado una bengala incineró las frágiles instalaciones derivando en una catástrofe.

En la causa, cuyos detalles no se conocen, parecen implicados también el grupo de rock «Callejeros», supuestamente por estar a cargo de la seguridad del recital y entre otros, algunos funcionarios; pero no, al menos por ahora, el jefe del Gobierno porteño, aunque sus bienes han sido inhibidos a pedidos de familiares de las víctimas, ante posibles responsabilidades civiles.

Dos extensas sesiones de la interpelación a Ibarra terminaron en nada, aunque quedó claro que el jefe comunal tiene escasos defensores y que una mayoría, con matices, lo convirtieron en el chivo expiatorio por conveniencias políticas más que por pruebas contundentes, sobre la responsabilidad del gobierno local en la tragedia, que es una decisión que deberá tomar la Justicia.

En este marco de debilidad, donde juega una carta fuerte el empresario Mauricio Macri, cabeza de la primera minoría de la Legislatura, Ibarra recurre al referéndum buscando retomar la legitimidad de su mandato logrado en elecciones contra el presidente de Boca Juniors en octubre del 2003.

Dicho al pasar: Macri debe explicar cómo negoció el pase del jugador de Boca Juniors, Carlos Tévez, al club brasileño Corinthians, que se sospecha está controlado por la mafia rusa; un caso que puede derivar en un escándalo por lavado de dinero como ya lo ha planteado el Banco Central del Brasil. Por lo pronto, el dinero con que se pagó el pase vino de un paraíso fiscal y ahora se investiga aquí si se cumplieron las normas legales, y si ingresaron al país los 20 millones de dólares que costó la transferencia del crack.

Verdad y Justicia, todavía lejanas

Volvamos al eje del problema. Ibarra está dispuesto a encabezar la recolección del 20% de firmas, si el Tribunal Superior exige el cumplimiento estricto de la Carta Magna y no acepta una interpretación de la misma. Por lo pronto, el Tribunal ya autorizó a varios Organizaciones No Gubernamentales -ONG-a iniciar la campaña para reunir las firmas necesarias para el referéndum de revocatoria. Si se reúnen las firmas, nada fácil por la falta de experiencia y porque casi todo el arco político no acompaña el pedido de referéndum, por entender que favorecerá a Ibarra, se debe obtener el 50% más uno de todo el padrón electoral para destituir al jefe del Gobierno.

Los primeros sondeos indican que hoy ese porcentaje no se lograría, pero ello no resuelve el tema político planteado: el desgaste de Ibarra. Su iniciativa recibió el importante respaldo de Eduardo Duhalde, el virtual jefe del peronismo pero de la provincia de Buenos Aires, en tanto el presidente Néstor Kirchner, no quiere comprometerse demasiado públicamente, aunque se sabe que desea fortalecer a su aliado en este distrito clave. La política ha envuelto la tragedia y los familiares de las víctimas seguirán reclamando con manifestaciones nutridas Verdad y Justicia.

No confían en los tribunales y un sector pide que se integre una comisión independiente del Estado, consigna que ningún partido acepta. Los socialistas han propuesto que ese comité especial sea legislativo, con participación de los familiares pero eso está en veremos. *