Pinochet entregó adelantos de herencia a sus hijos y esposa

«Todo está en el marco de la legalidad. Es absolutamente legal», dijo Marco Antonio Pinochet al diario El Mercurio .

El retirado general, de 89 años, entregó desde octubre de 2002 a octubre de 2003 cerca de 3.000 dólares mensuales a cada uno de sus cinco hijos y unos 10.000 dólares a su esposa, Lucía Hiriart.

Desde octubre de 2003 y hasta julio de este año, cuando se descubrieron las cuentas secretas en Estados Unidos, el ex dictador (1973-1990) entregó unos 4.000 dólares mensuales a cada uno de sus hijos y 15.000 a su esposa, de acuerdo a la investigación judicial iniciada en Chile.

Esos traspasos de dinero podrían constituir evasión tributaria por lo que el juez Sergio Muñoz, que investiga en Chile el origen de los depósitos de Pinochet en el Riggs Bank de Washington, estudia ampliar sus indagaciones al resto de su familia, informaron fuentes judiciales.

El hijo menor de Augusto Pinochet, Marco Antonio, confirmó la entrega de esas sumas y aseguró que «están en el marco de la legalidad», ya que fueron entregadas como un «adelanto de herencia».

En este caso, según afirmó, «no existe evasión tributaria» porque se trata de un «cargo a la herencia» que les adelantó en vida su padre y por eso no se incluyeron los montos como renta en sus declaraciones de impuestos.

«Los impuestos se pagan una vez que se reparte completamente la herencia. Y esto se hará cuando mi padre fallezca», dijo.

El ex dictador mantuvo entre 1994 y 2002 cuentas bancarias en el Riggs Bank de Washington, con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares, según reveló el pasado 15 de julio una investigación del Senado de Estados Unidos.

En Chile, el Consejo de Defensa del Estado, una especie de fiscalía que asesora al Gobierno, calculó que la fortuna de Pinochet podría superar los 15 millones de dólares y que sería producto de un eventual enriquecimiento ilícito durante su régimen.

Además de esta investigación, Pinochet aguarda el crucial fallo de la Corte Suprema, que debe anular a ratificar la orden de arresto dictada en su contra el pasado 13 de diciembre por los crímenes de la denominada «Operación Cóndor».

El juez a cargo del proceso, Juan Guzmán Tapia, inculpó al ex dictador por su responsabilidad en un asesinato y nueve secuestros atribuidos a ese plan castrense, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur sudamericano en los años setenta para el exterminio de opositores.

El tribunal chileno informó que entregará su decisión inapelable y definitiva después del próximo 2 de enero. *