Internado y consciente, Pinochet espera el fallo de la Justicia
«El estado de salud del capitán general Augusto Pinochet Ugarte ha evolucionado favorablemente, recuperando conciencia y motricidad», aseguró el informe entregado ayer domingo por el Hospital Militar de Santiago.
Pinochet, de 89 años, fue internado el sábado tras sufrir un «accidente cerebro-vascular con pérdida de conciencia, déficit neurológico y alteración de su motricidad».
Pese a que la Junta Médica estima que «ha superado su condición crítica», se indicó que «el general Pinochet permanecerá hospitalizado para evaluación».
De esta forma, Pinochet estará internado cuando la Corte de Apelaciones entregue el lunes su veredicto sobre el ‘habeas corpus’ presentado por el abogado defensor Pablo Rodríguez para impedir el arresto ordenado por el juez Guzmán Tapia.
El magistrado estudia su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor, un plan represivo aplicado en los años 70 por las dictaduras militares sudamericanas para eliminar a sus opositores.
«Su estado de salud no tiene nada que ver con la parte judicial», aseguró a la AFP el general retirado Guillermo Garín, uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet.
«La verdad es que una persona de 89 años y con las enfermedades que tiene, lo más probable es que tenga problemas de salud permanentemente», aseveró.
Sin embargo, abogados de Derechos Humanos manifestaron que la enfermedad de Pinochet es una «maniobra» para que el recurso de amparo le sea favorable.
«Primero en Londres, fingió grave enfermedad, postrado en silla de ruedas, la que tiró por la borda a su bajada del avión y saludó a sus partidarios con el bastón en alto», recordaron los juristas Fabiola Letelier, Juan Pavín, Juan Subercaseaux y Nelson Campos.
«Esta maniobra es vieja y que nadie se llame a engaño», aseveraron los abogados en un comunicado conjunto.
El director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el general retirado Luis Cortés Villa, manifestó que «siempre existe la duda, especialmente de aquellos que quieren hacer dudar al país».
«Creo que la mejor respuesta de ver si esto es un show, como pueden pensar algunos, es verlo, y cuando uno lo ve, siente impotencia, siente pena», sostuvo.
El diputado Iván Moreira, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el único político que visitó a Pinochet en el Hospital Militar dijo que «basta ver al general Pinochet, un hombre que está en una situación de salud más que complicada (…) No se puede valer por sí mismo, porque su motricidad indudablemente no le permite desplazarse».
El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, señaló que los planteamientos de los abogados de derechos humanos «son legítimos desde su punto de vista».
En caso de ser rechazado el recurso de amparo de la defensa de Pinochet, el juez Guzmán accedió a que Pinochet cumpla el arresto domiciliario en su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago.
Pese a ello, su abogado defensor sostuvo que su salud mental y física le impide enfrentar un juicio y que el juez Guzmán Tapia «no puede seguir adelante con la investigación».
Pablo Rodríguez recordó que Pinochet fue liberado hace dos años de un primer proceso por asesinatos y secuestros, cuando la Corte Suprema aceptó los informes médicos que le diagnosticaron una demencia moderada.
Guzmán Tapia intentaba condenar al ex dictador por algunos de los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen, pero ese primer proceso quedó cerrado y archivado en julio de 2002, cuando la Corte Suprema aceptó que Pinochet padece una demencia moderada y no puede defenderse.
En Santiago se recordó que Pinochet debe enfrentar otras dos investigaciones ante los tribunales, entre ellas un posible juicio por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cutberth, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires cuando una bomba estalló en el automóvil del matrimonio.
A ella se suma una demanda por «enriquecimiento ilícito» y «evasión tributaria», tras el descubrimiento de cuentas secretas por casi 15 millones de dólares en el Riggs Bank de Washington y Miami, reveladas en julio por una comisión del Senado de Estados Unidos. *
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