Procesaron a Pinochet

El general Pinochet queda con arresto domiciliario en suspenso, como consecuencia de una solicitud de suspensión de la medida, se informó anoche al comunicarse la decisión a la prensa.

El magistrado dijo que decidió inculpar a Pinochet por el secuestro calificado de nueve víctimas de la «Operación Cóndor», cuyos cuerpos nunca aparecieron, y «el homicidio de una de ellas».

La «Operación Cóndor» fue un plan secreto que ejecutaron las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores, cientos de los cuales permanecen desaparecidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Pinochet, de 89 años, de confirmarse la medida, deberá cumplir el arresto en su domicilio del barrio de La Dehesa, en la zona este de la capital chilena. El cumplimiento del arresto deberá ser vigilado por funcionarios de la Policía de Investigaciones, adelantaron fuentes del tribunal.

Guzmán Tapia es el mismo juez que mantuvo bajo arresto a Pinochet durante seis semanas en febrero y marzo de 2001, cuando lo sometió a un primer juicio por los crímenes de la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que recorrió Chile en octubre de 1973, al mes siguiente del golpe que lo instaló en el poder (1973-1990).

La Corte Suprema cerró ese primer proceso sin sanciones, al aceptar en julio de 2002 los informes médicos según los cuales el ex dictador padece una «demencia moderada» que no le permite defenderse ante los tribunales.

La Corte, sin embargo, privó de su fuero a Pinochet el pasado 26 de agosto y lo dejó expuesto a este segundo juicio sobre la base de nuevos antecedentes que lo vincularon con la «Operación Cóndor» que investigaba el juez Guzmán Tapia. Tras esa decisión, Guzmán Tapia ordenó la aplicación de nuevos exámenes psicológicos a Pinochet y lo interrogó en su residencia a fines de setiembre, cuando el ex dictador proclamó su inocencia y dijo que no conoció ese plan secreto porque en su calidad de Presidente de la República no se ocupaba de «asuntos menores», según el texto del interrogatorio que trascendió.

Al confirmar su resolución de ayer lunes, Guzmán Tapia afirmó que «no fue difícil».

«Cuando estudié bien todas las declaraciones y todos los elementos de juicio que tenía a la vista y las percepciones personales que yo tuve de él, no fue difícil», señaló.

El juez descartó que la salud mental de Pinochet le impida enfrentar un juicio y destacó «su coherencia, la comprensión de las preguntas» y sus «respuestas atinadas» durante el interrogatorio que le practicó el pasado 25 de setiembre.

Los abogados defensores de Pinochet insistieron sin embargo en que no está en condiciones de enfrentar un juicio y adelantaron que presentarán un recurso de amparo (hábeas corpus) ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El ex dictador chileno Augusto Pinochet, sometido desde este lunes a proceso por los crímenes de la «Operación Cóndor», enfrenta además otros dos posibles juicios por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y sus cuentas secretas en Estados Unidos.

El juez Juan Guzmán Tapia ordenó el arresto del general Pinochet al someterlo a proceso por los asesinatos y desapariciones forzadas de esa operación secreta que aplicaron las dictaduras militares sudamericanas, para eliminar a sus opositores en los años 70.

Pero el ex dictador que gobernó Chile entre 1973 y 1990, también enfrenta la posibilidad de un juicio por el asesinato en Argentina del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert, después de que la Corte de Apelaciones de Santiago lo privara de su fuero el pasado 2 de diciembre. Prats, que fue vicepresidente de Chile bajo el gobierno del extinto presidente socialista Salvador Allende, se refugió en Buenos Aires junto a su esposa, pero ambos murieron cuando una bomba estalló bajo su automóvil el 30 de setiembre de 1974.

La Justicia argentina estableció que el crimen fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, y uno de ellos, Enrique Arancibia Clavel, cumple prisión perpetua desde noviembre de 2000.

Una tercera investigación judicial que apunta a Pinochet se inició hace cinco meses, después de que una comisión del Senado de Estados Unidos revelara que mantuvo cuentas secretas a su propio nombre y nombres supuestos en el Riggs Bank de Washington.

El juez Sergio Muñoz fue designado para aclarar el origen de esos depósitos que, según estimaciones preliminares, podrían sobrepasar los 15 millones de dólares.

El abogado Alfonso Insunza anunció que esta semana pedirá el desafuero de Pinochet para ser enjuciado por este «enriquecimiento ilícito».

Pinochet, de 89 años, posee un fuero que lo protege de las acciones judiciales en su calidad de ex presidente, pero la legislación chilena establece que la pérdida de esa inmunidad es aplicable a cada juicio y no se extiende a todos los procesos que pueda enfrentar.

La primera vez que el ex dictador perdió su inmunidad fue hace cuatro años, en un primer juicio por asesinatos y secuestros, pero la Corte Suprema lo liberó de cargos en julio de 2002, al considerar que una «demencia moderada» le impide defenderse.

La decisión del juez Juan Guzmán de procesar a Augusto Pinochet por nueve secuestros y un homicidio calificados fue recibida con júbilo por familiares de detenidos desaparecidos y la defensa del ex dictador consideró que se trata de «un abuso y una aberración».

En un extenso fallo de 70 páginas, Guzmán estimó que Pinochet está mentalmente habilitado para ser sometido a juicio y ordenó su arresto domiciliario en la casa de La Dehesa, en un sector acomodado de Santiago.

«Cuando existe la voluntad de investigar de acuerdo a los antecedentes que obran en los tribunales de justicia desde hace casi 30 años, es posible llegar a procesar a todos aquellos que están inculpados por crímenes de lesa humanidad», declaró Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD.

La abogada Julia Urqueta calificó el fallo de «histórico» e indicó que la decisión de Guzmán abre paso para que el ex dictador sea sometido a un juicio real.

«Yo creo que debe ser condenado por todos sus crímenes y no solamente por éstos sino también por todos los robos cometidos que hoy han quedado comprobados en las cuentas del Riggs», sostuvo.

El jefe del equipo de abogados defensores del ex dictador, Pablo Rodríguez, presentó un recurso de amparo en favor de Pinochet. «Este es un abuso ante los derechos humanos más elementales de una persona que es procesada sin tener ninguna posibilidad de defenderse personalmente en un juicio como corresponde a cualquier chileno», argumentó Rodríguez.

«En nombre de los derechos humanos se cometen estas aberraciones», agregó y señaló que «en los últimos años Guzmán ha perseguido a Pinochet». *