Chile: jefe del Ejército pide esclarecer violación de DDHH

Sin embargo, pidió a la vez la aplicación de la Ley de Amnistía, impuesta por la dictadura en 1978, para aquellos que acrediten que los desaparecidos están muertos.

«Exhorto a ese personal a contribuir con toda la verdad que pudiesen poseer, en los procesos de que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y data de muerte de personas desaparecidas», dijo Cheyre al clausurar el seminario «Ejército y derechos humanos: Compromiso para el siglo XXI».

En la reunión intervinieron previamente los senadores Ricardo Núñez (socialista); Hernán Larraín (de la derechista Unión Demócrata Independiente); el ex diputado derechista de Renovación Nacional Andrés Allamand; el abogado liberal Miguel Amunategui y el ex presidente de Amnistía Internacional José Zalaquett.

Cheyre aclaró que la información que deben aportar los militares debe servir para «acreditar qué pasó con aquellas personas», brindar «tranquilidad a sus deudos» y liberar «las conciencias de aquellos que fueron responsables de sus muertes».

«Me parece incuestionable, dado el tiempo transcurrido» que los desaparecidos están muertos, dijo Cheyre, quien pidió a los tribunales «aplicar la ley vigente», es decir la amnistía.

El jefe del Ejército reconoció el apoyo institucional a los violadores a los derechos humanos, pero aclaró que «este no abandono es para un soldado una cuestión de principios y no una complicidad o absolución».

«No hemos encontrado nunca una justificación ética a los actos que tan alta condena social llevan los cometidos contra personas», agregó.

También dijo: «Creo que los que aún se mantienen en posiciones personales de negación de tales delitos, que los minimizan o los justifican debido a la situación previa, la que sin duda es parte importante del drama vivido, están en un error que el tiempo se encargará de aclarar».

Afirmó que «el Ejército ha llegado a la convicción de que existen irrefutables evidencias de que en la comisión de esos delitos se empleó patrimonio institucional, de lo cual importa una suerte de compromiso o inacción de mandos en el proceso».

Reprochó el paso de personal del Ejército durante todo el período del régimen militar a los organismos represivos DINA y CNI, «los que no estuvieron  aseguró  bajo el control de la institución».

«Me parece que el Ejército podría haberse precavido de no exponer a su personal por tan prolongado tiempo en actividades propias de entidades cuyos fines, métodos y medios le eran ajenos», sostuvo.

El seminario organizado por el Ejército convocó a personalidades de distintos ámbitos, además de representantes de los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina.

El informe de la Comisión Valech, que aportó los testimonios de 28 mil víctimas de las torturas que aplicó la dictadura, predominó en el ambiente del seminario, al cual asistieron más de un millar de personas.

Otra de las intervenciones llamativas fue la del senador socialista Ricardo Núñez, quien hizo una suerte de «mea culpa» respecto del quiebre democrático de 1973. *