Dictadura: Justicia le pide a Lula que abra archivos

Lula da Silva comunicó su decisión al secretario especial de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, tras el fallo del Tribunal Regional Federal que rechazó un recurso del gobierno, en el que reconocía el derecho de los familiares a obtener las informaciones sobre los muertos y desaparecidos políticos, pero «frenaba» una orden judicial para la apertura de los documentos.

«La decisión de la Justicia no se discute. Se cumple», declaró ayer el vicepresidente y ministro de Defensa, José Alencar, antes de destacar que buscar informaciones sobre los desaparecidos «es un derecho del ciudadano».

En su fallo, la Justicia también determinó un plazo de 120 días para que el gobierno presente los documentos e información sobre dónde están enterrados los cuerpos de las víctimas de la represión desatada entre 1972 y 1975 contra la guerrilla de Araguaia.

La guerrilla de Araguaia, brazo armado del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en su lucha contra el régimen en el estado de Tocantins, norte del país, contó entre otros miembros con el actual presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoíno.

Según el ministerio de Justicia, en Araguaia desaparecieron 62 personas, todas presuntos guerrilleros, y murieron 16 militares.

El proceso judicial fue impulsado por una veintena de familiares de las víctimas en 1982 y en julio una jueza determinó que se rompiera el secreto de esa documentación, pero el gobierno apeló.

«Necesitamos abrir los archivos de la verguenza de la historia. Llegó la hora de que se cumpla el discurso del gobierno de que la esperanza venció al miedo», dijo el juez del Tribunal, Souza Prudente, cuya decisión, la noche del lunes, contó con el apoyo de otros dos jueces, en tanto un cuarto se pronunció en contra.

«Ahora le cabe al gobierno cumplir la decisión», afirmó ayer el secretario de Derechos Humanos, quien participó el jueves de una reunión interministerial encabezada por el Jefe de la Casa Civil, José Dirceu, con el fin de analizar los mecanismos para revocar el decreto que impedía la apertura de los archivos del régimen. *