Pinochet, querellado por torturador

El escrito, que representa a 20 torturados, sostiene que hay evidencias de que Pinochet y Fernández (de la Unión Demócrata Independiente, derechista) fueron «cómplices» de los apremios sufridos por 28.000 torturados en el país entre 1973 y 1990.

«Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centros de detención no se informaba a los familiares y tampoco cuando se recurría a los tribunales, pareciera que eran oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas que ordenaban a los organismos de seguridad para no dar información», argumentó el abogado Alfredo Morgado.

«Cuántas personas podrían no haberse expuesto a los flagelos, a los horrores que tuvieron que pasar, si los tribunales de justicia hubieran podido operar efectivamente si no hubiera sido por esa falta de información, por esa labor de encubrimiento», añadió.

La abogada Julia Urquieta argumentó que también se configura el delito de asociación ilícita, «que permanece hasta el día de hoy con el objetivo de encubrir los crímenes, y por eso no es casual que no sepamos cuál es el destino de los desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido encontrados».

En un emplazamiento directo al gobierno, Urquieta dijo que la diligencia más importante es que «el Estado proporcione en estos momentos todos los antecedentes del Informe Valech, porque estas querellas se basan fundamentalmente en los antecedentes que contiene este informe».

En el inicio de la anunciada avalancha de querellas ante los tribunales, los abogados y diputados del oficialista Partido Por la Democracia, Aníbal Pérez, Laura Soto y Guillermo Ceroni, solicitaron al pleno de la Corte Suprema la apertura de los procesos criminales que correspondan a la totalidad de los delitos contenidos en el Informe Valech.

Los parlamentarios expresaron ayer que, tras leer el documento, esperaban una inmediata reacción por parte de los órganos jurisdiccionales competentes en materia criminal. «Existen claros antecedentes sobre la comisión de miles de ilícitos penales actualmente perseguibles de oficio», se señaló.

«Son delitos imprescriptibles, inamnistiables y cuya jurisdicción universal obliga a los tribunales, sean chilenos o extranjeros, a conocer de los hechos, investigarlos y hacer efectivas las responsabilidades criminales comprometidas», añade el escrito.

La diputada y abogada Laura Soto precisó que «se trata de delitos de acción pública, por lo tanto los tribunales tienen la obligación de actuar, incluso sin que haya una presentación específica».

«Nosotros –llamó la atención– estamos diciendo a los tribunales de justicia, que han sido puestos en duda respecto de su eficacia anterior, que hoy día tienen la oportunidad de reparar con celo lo que se pudo haber causado antes».

El impacto en la sociedad chilena del informe de la Comisión Valech no decae, y así lo demostró una encuesta divulgada ayer que reveló que la gran mayoría (84%) cree que las personas o instituciones con alguna responsabilidad en los atropellos denunciados deberían pedir perdón.

«Un 76% de los chilenos cree que los civiles que tuvieron cargos de responsabilidad durante el gobierno militar sabían de los casos de tortura sistemática relatados en el informe».

El sondeo realizado por la Fundación Futuro –propiedad del ex presidente del opositor partido de derecha Renovación Nacional– apunta a que la DINA y la CNI tuvieron la actitud más negativa en el tema de los derechos humanos, seguida por el propio gobierno militar, con 72%; el Ejército, con 70%, y los civiles con cargos públicos de alta responsabilidad, con 63%.

Entre los que conocen el informe, un 86% cree que los casos de tortura relatados son verídicos, y un 41% opina que las indemnizaciones ofrecidas a las víctimas (pensión vitalicia de 200 dólares) son insuficientes, mientras 27% piensa lo contrario. El 24% dice que este pago compensatorio no debiera existir. El semanario El Siglo –órgano oficial del Partido Comunista– publicó ayer la nómina de torturadores que no dio a conocer el Informe Valech.

Menciona a 48 militares y civiles que formaron parte de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a 26 que integraron el denominado Comando Conjunto que dirigía la Fuerza Aérea, otros tantos médicos que colaboraban en las sesiones de torturas y 17 mujeres, alguna de las cuales se iniciaron como delatoras y luego se convirtieron en torturadoras. *