Un aluvión de denuncias contra el ex dictador Augusto Pinochet

Abogados de derechos humanos anunciaron ayer una ofensiva judicial en los tribunales para perseguir a los torturadores que actuaron amparados por la dictadura de Pinochet (1973-1990), según comprobó el informe de la Comisión que encabezó el obispo Sergio Valech tras recibir 35.000 testimonios.

El informe divulgado por Lagos impactó fuertemente en los chilenos porque reconoce que la prisión y la tortura fueron una política institucional del Estado perpetrada en más de mil cárceles, regimientos y campos de arresto clandestinos.

Los abogados Hugo Gutiérrez, Alfredo Morgado y Roberto Avila anunciaron que las querellas serán por «asociación ilícita y aplicación de tormentos» y estará dirigida contra Pinochet y otros agentes militares o civiles que colaboraron con su régimen. «Se avecina la presentación de numerosas querellas por delitos de torturas cometidas por agentes del Estado que buscan determinar la responsabilidad en dichos ilícitos», dijo a ANSA el abogado Gutiérrez.

«En la Comisión (de prisión política y tortura) se estableció una verdad, falta ahora saber quiénes son los responsables», agregó y afirmó que Pinochet «es el que promovió esta política de Estado» que impulsó aplicación de torturas a los opositores.

El abogado Morgado, por su parte, afirmó que tras el informe de la comisión «hay un reconocimiento de que hubo una política institucional y permanente por parte del Estado para torturar».

«Tal como se está tratando de hacer justicia en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, acá hay un tema pendiente», agregó.

El presidente Lagos anunció que a los 28.000 torturados cuyos casos fueron acreditados por la comisión se les otorgará una pensión vitalicia equivalente a 200 dólares.

Su informe no dio cuenta de los nombres de los torturados, para lo cual fijó un plazo de cinco años, y tampoco identificó a los torturadores.

Según Mireya García, integrante de la Comisión Etica contra la Tortura, el otorgamiento de estas pensiones no impiden que los torturados presenten demandas judiciales contra el Estado.

A juicio de los abogados de derechos humanos, el informe de la Comisión Valech podría convertirse para algunos jueces en una prueba de que en Chile efectivamente agentes de inteligencia del Estado aplicaron tormentos a prisioneros políticos.

La revelación de los detalles de las torturas provocaron un enorme impacto y repudio en la opinión pública chilena.

Los obispos católicos emitieron hoy una declaración pública titulada «momento de dignidad» en la cual formulan una enérgica condena a las torturas perpetradas durante la dictadura de Pinochet.

«La prisión política y la tortura produjeron un quiebre existencial de muy difícil superación en las víctimas», sostiene la Conferencia Episcopal.

Los obispos chilenos reiteran un mensaje de los obispos latinoamericanos en 1979 que afirmó que «la tortura física y sicológica, los secuestros, la persecución de disidentes políticos o de sospechosos, y la exclusión de la vida pública por causa de las ideas, son siempre condenables». *