El ex gobernador fue acusado del peor caso de corrupción en San Pablo

El ocaso de Paulo Maluf

Ayer viernes, la juez Renata Okida, atendiendo la solicitud del Ministerio Público, ordenó bloquear los bienes de Maluf y de otras 35 personas físicas y jurídicas, incluyendo a los más cercanos miembros de la familia del ex burgomaestre.

«Es el caso más grave de desvío de dinero público de la ciudad de San Pablo», declaró a la AFP el fiscal del estado, Sergio Turra, quien presentó la denuncia e investiga el caso desde hace tres años.

La acusación formal contra Maluf, 73 años, sobrevino tres semanas después de que sufriera el peor revés de su carrera política, en la primera vuelta de la elección municipal, cuando obtuvo un magro 11,9% de los votos para un tercer mandato de alcalde.

La fiscalía le acusa de enriquecimiento ilícito, que considera explícito en cuentas no declaradas en el exterior con depósitos de 443 millones de dólares, que benefician a Maluf, familiares suyos y empresas vinculadas a éstos.

«Simbólicamente, es muy importante que se haya concretado la denuncia contra Maluf», dijo a la AFP el director de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo, aunque advirtió que «será necesario que la denuncia sea muy sólida».

Abramo advirtió, no obstante, que «el sistema judicial brasileño es muy lento, muy vulnerable al poder económico, y Maluf tiene mucho dinero y puede extender el proceso por años».

Según Turra, se ha demostrado que en al menos dos faraónicas obras públicas en San Pablo (la Avenida Agua Espraiada y el tunel Ayrton Senna) hubo desvío de entre 30 y 37% del valor de las obras, por sobrefacturación, cuando Maluf era alcalde (1993-96).

Las acusaciones contra Maluf se basan en más de 130.000 documentos recopilados en Brasil y Suiza durante tres años y medio.

La fiscalía todavía espera informaciones solicitadas a otros países a donde habrían llegado también millonarias sumas del clan Maluf: Francia, Luxemburgo y Gran Bretaña.

Uno de los herederos políticos de la dictadura militar, Maluf es actualmente el líder del Partido Popular (PP-derecha) y está aliado al gobierno izquierdista del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Los procesos contra Maluf concretados esta semana en la Justicia brasileña son dos.

Uno está vinculado a una acción criminal en la que la procuradoría general lo acusa de evasión de divisas, un delito que estaba a punto de prescribir.

Según informó la procuradoría a la AFP, está previsto que el proceso criminal se amplíe con acusaciones por otros delitos, como lavado de dinero, y que se implique a otros, como un hijo de Maluf y al ex alcalde Celso Pitta, del que fue mentor.

La otra acción es civil, abierta por los fiscales del estado Sergio Turra y Silvio Marques, por improbidad administrativa y busca la devolución al Municipio de los 443 millones de dólares, y una multa que podría triplicar el valor, dijo Turra.

Sin embargo, el proceso no tiene garantía de acabar pronto: el fiscal consideró que demorará diez años.

Maluf ha negado siempre tener esas cuentas en paraísos fiscales. El pasado año fue sorprendido durante una visita a París, cuando la policía lo llamó a declarar por una cuenta en ese país, con depósitos por 1,4 millones de dólares. El industrial confirmó esa transferencia y atribuyó el origen de esos fondos a la venta de una propiedad familiar.

Maluf forma parte de una generación de políticos clientelistas brasileños que está saliendo de escena. En su época dorada había logrado hacer suyo un eslógan forjado para otro popular gobernador paulista de la década del 50, Adhemar de Barros: «rouba mais faz» (roba pero hace). *

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