Argentina: sentencia posible porque declina la impunidad

Fue por el caso del joven Ezequiel Demonty quien fue obligado por una patrulla policial a introducirse con dos de sus amigos en el Riachuelo que baña un lado de esta gran urbe y como no sabía nadar, murió ahogado,

Un tribunal oral sentenció que dos jefes de ese operativo y un subordinado recibieran las mayores condenas: perpetua y reclusión perpetua, por lo que en principio, quedarán encerrados el resto de sus vidas. A otros seis uniformados involucrados, el tribunal decidió penas menores.

Hasta aquí, sería una breve crónica policial, pero no es así y de la misma manera lo entendieron el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra o el secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Eduardo Duhalde, que estuvieron en el tribunal cuando los jueces leyeron la sentencia.

Hasta este caso, numerosas han sido la arbitrariedades policiales, y el «gatillo fácil» es la manera que en los barrios populares se identifica a los uniformados impunes, que pululan por todos lados, y es una de las razones porque esa institución goce de tan mala fama.

Para no pocos observadores el hecho de que se hayan derogado casi todas las disposiciones que durante dictadura en el pasado y gobiernos democráticos en tiempos cercanos, facilitaron la impunidad, alienta a los jueces a aplicar la ley con mayor rigor, incluso sobre personajes poderosos.

El que mayor condena recibió en el caso Demonty, es hijo de un ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La propia renovación de la Suprema Corte de Justicia que con acordadas muy interesantes están reponiendo algunos de los derechos elementales, y por ahora sólo en caso puntuales, de víctimas de la política neoliberal de los ’90, así como fallos que van desbrozando el sendero para declarar inconstitucionales leyes que ampararon a violadores de derechos humanos, hacen de paraguas jurídico para que los magistrados honestos no encuentren mal clima arriba, en el «poder», sea quien sea quien lo ejerza, y puedan cumplir con su misión de aplicar la ley.

Pero todo esto quedaría inconcluso si se dejara de lado el factor movilización popular. Así como bajo la dictadura surgieron y crecieron las Madres de Plaza de Mayo y un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, para los casos de víctimas de la arbitrariedad policial han nacido y crecieron también las llamadas «Madres del Dolor», mujeres de gran coraje que persiguen a las hienas hasta su redil, movilizando medios y opinión pública.

Estas Madres ( o Padres que no se amilanan ante la fatalidad) son la contracara del fenómeno Blumberg, el ingeniero al que le asesinaron a su hijo Axel secuestrado y que se transformó en el referente de los miedos de las capas medias urbanas. Pero con propuestas de endurecimiento del Código Penal y otras medidas que no siempre respetan las libertades y garantías constitucionales.

Las «Madres del Dolor» no quieren convertirse en vigías de los miedos y vaya si los hay donde viven, barrios muy humildes donde a veces la vida no vale nada. No, ellas quieren justicia porque la ley si se la aplica es suficiente. El caso Demonty lo demostró con creces.

 

Castells debe seguir preso

Un tribunal de alzada de la provincia del Chaco ratificó la prisión preventiva del líder piquetero Raúl Castells en el marco de la causa por la toma del Casino Gala, por la cual el dirigente se encuentra detenido desde el 25 de agosto pasado.

El viernes pasado los abogados del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) habían elevado un recurso de revocación.

Castells que aplica una huelga de hambre que hoy cumplirá 38 jornadas, deberá permanecer detenido hasta que se sustancie el juicio en su contra.

El insistió que se irá del Chaco «en libertad o en un cajón», aunque reiteró que no tiene «alma de mártir» y que no quiere «morir». De todas maneras se niega a acatar la orden del tribunal para que vuelva a comer. Ni por la fuerza, por ahora, las autoridades han podido con esa indicación.

Castells permanece detenido en Resistencia acusado por la presunta comisión del delito de «extorsión» y se define como como «un rehén» del Gobierno nacional. «Continuaré en huelga de hambre hasta mi libertad», tronó. Y reiteró que si muere, se considerará a ese hecho «un crimen político». *